Montealegre-Perdomo en la elección presidencial de 2014, para ayudar a Santos, se inventaron el hacker contra Óscar Iván Zuluaga.

Sin embargo, se negaron a investigar, o conocían y ocultaron la trampa que desde organismos del Gobierno se tendió contra la campaña del Centro Democrático. En efecto, siguen tapando el concierto entre funcionarios y hacker, con dinero oficial, para penetrar la campaña. Trampa también utilizada para absolver al Gobierno y a asesores políticos que oficiaron como lobistas a sueldo del narco tráfico.

En la elección regional de 2015 me acusaron de ser responsable de la masacre del Aro, caso que Montealegre conocía a fondo como quiera que estuvo al tanto para defender a Colombia ante la Corte Interamericana. Pero necesitaban hacerme daño electoral.

El acuerdo sobre víctimas, en vísperas de la reelección de 2014, sin que las FARC aporten dinero para reparar y con la impunidad total que niega el derecho a la NO repetición de la Violencia, complementado con el acuerdo de justicia en el proceso político de 2016, que legitima totalmente al terrorismo, tuvieron como co arquitectos al dúo Montealegre-Perdomo. Todo para favorecer a FARC y al Gobierno.

La selectividad de la fiscalía ha destruido la confianza que otrora tuvo la justicia. Deberían saberse las razones que llevaron a no actuar a tiempo contra un violador de niños del Caribe. Montealgre-Perdomo han sabido aplicar el freno o el acelerador de acuerdo con su dolo prevaricador.

A las conocidas victimas del acelerador prevaricador habría que sumar la lista de los beneficiarios del freno; Pérez Esquivel, Antonio y otro nulo Caballero como éste, Gabriel Silva, el Colectivo de Abogados de Farc, etc, pueden decir y hacer lo que quieran porque a las denuncias contra ellos ni siquiera les dan curso, además del gran recibo probatorio de que gozan sus afirmaciones.

Ya premiaron a una persona allegada al fiscal utilizado para encarcelar a mi hermano. Para dictar la medida de aseguramiento removieron a un fiscal anterior que no encontraba mérito y desconocieron las conclusiones en el mismo sentido de un grupo de investigadores. Y al fiscal Iván Lombana le permiten y auspician condenar por Noticias Uno a las personas cuyos fabricados casos, con mala intención le han asignado.

Montealegre-Perdomo instauraron el reino del derroche para intentar compensar con dinero la desconfianza ciudadana en su gestión. Y contrataron a la señora Springer, activista política, para aplicar el contexto a enemigos políticos del contratante y de la contratista.

Uno de los graves problemas del sistema penal acusatorio en Colombia es que los fiscales no son responsables por acusaciones dolosas, prevaricadoras y fabricadas. Ha permitido también que prime la política que el funcionario debería hacer a un lado para administrar justicia.

Álvaro Uribe Vélez

Abril 24 de 2016.