El 7 de agosto de 2002 hubo varios atentados al norte de Bogotá como respuesta del terrorismo a la elección de Álvaro Uribe.

Según el Consejo de Estado, la Nación tenía información sobre estos atentados que fueron dirigidos hacia la Escuela Militar José María Córdoba y la Estación XII de Policía. Aseguró que existían evidencias de las amenazas por la posesión del presidente.

En el fallo del Consejo se afirma que “las autoridades debieron ejercer mayor control, ya que no se trató de hechos terroristas aislados, sino de ataques directos contra la estabilidad del orden constitucional”.