El exsecretario de transparencia del gobierno Santos y el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción que dirige desde su salida del gobierno tienen numerosos contratos con el sector público.
(Oiga mire que: El proyecto que Miguel Uribe pide que se haga en Bogotá)
Se trata de Camilo Enciso, quien días pasados publicó una calumniosa columna donde supuestamente Miguel Uribe tiene relación con una subcuenta del Covid-19.
Lo lamentable del caso es que Enciso señale con calumnias, pero no revele sus verdaderos intereses cuando ha sido contratista de Claudia López y Satos.
En febrero de 2011 el Ministerio de Industria y Comercio le entregó a Enciso el contrato 109 de 2011 por $ 121 millones para ‘Servicios de Gestión de Empresa y Servicios Administrativos’.
En septiembre de 2017 consiguió una asignación de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado ADEJ por valor de $ 51 millones para «Prestar servicios profesionales para apoyar a la Agencia en materia penal así como ejercer la representación judicial en los procesos judiciales que se le asignen».
En total son 15 quince que suman unos $ 677 millones relacionados con Camilo Enciso, el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción y su familiar y representante legal suplente el señor Rafael Eduardo Enciso Patiño.
La mayor parte de esos contratos fueron suscritos entre 2017 y 2020 con entidades como la Veeduría Distrital de Bogotá; la Gobernación de Caldas, la Gobernación de Boyacá y la ADEJ, entidades controladas por políticos aliados del gobierno Santos y cercanos a Enciso.
Fuente: El Expediente. (21 de enero de 2021).
El carrusel de Enciso
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