El Consejo de Estado condena a la nación por un secuestro extorsivo de los criminales de las FARC.

Las FARC secuestraron a toda una familia el 28 de noviembre de 2001 en el municipio de Calarcá en el departamento de Quindío. 

Por este acto el estado deberá pagar una multa de $ 500 millones de pesos porque no se atendieron las obligaciones. 

El Consejo de Estado dijo:

“el Estado no atendió las obligaciones de garantía, prevención y protección de los civiles, pese a tener conocimiento de la grave situación de riesgo de la familia (…) resulta poco menos que desafortunado considerar que la justiciabilidad de los derechos de las víctimas del conflicto armado se extingan con la muerte de quienes se dicen son los presuntos responsables de tales violaciones (…) esa situación no impide que se imparta justicia a la organización dentro de la cual se consintió, planeó y ejecutó el acto violatorio”.

11 de mayo de 2018.