Disidencia de FARC sentencia a quien se oponga a coca y reclutamiento: Salud Hernández-Mora

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Frente primero ajustició a estudiante que les mostró a jóvenes un camino diferente al grupo armado.

El asesinato sembró el miedo entre los pobladores. Pero la sevicia del crimen y el falaz mensaje junto al cadáver les causaron indignación y los llenaron de zozobra. “Se ajustició por pertenecer a la red de cooperantes del Batallón 51 con sede en Miraflores, Guaviare”, empezaba el escrito. “Realizaba labores de inteligencia a los pobladores de la inspección de Barranquillita, enmascarado de profesor de deportes”.

El multitudinario sepelio en Miraflores, cabecera municipal, desmentía la burda justificación del frente primero de las FARC, el que inició la ola de disidencias de la guerrilla y que ya cuenta con cerca de trescientos integrantes.

Hijo de una auxiliar de enfermería, querida por todos, Iván Torres Acosta solo cometió el pecado de mostrarles a los escolares caminos diferentes a alistarse en el grupo armado, que se ha convertido en el amo y señor de Miraflores.

Quienes lo conocieron lo lloran por el compromiso con sus paisanos y sus ganas de cambiar el rumbo de otros muchachos. Iván, de 22 años y estudiante del Sena, había nacido en Guaviare y se encontraba haciendo las prácticas para graduarse. Formaba parte de un equipo de jóvenes que ejercían de monitores de un programa de la alcaldía de Miraflores que incluye clases de deportes, danzas y música, en los centros poblados de mayor riesgo de reclutamiento, Barranquillita, Buenos Aires y Caño Tigre.

El viernes pasado, Iván se encontraba junto con el instructor de danza en Barranquillita, caserío que atraviesa la trocha entre la selva que une a Miraflores, a unas tres horas de distancia, con San José del Guaviare.

La guerrilla irrumpió en el sitio donde estaban, les quitaron la cámara, los celulares –aunque en esa zona no entra señal– y las planillas. Los obligaron a borrar unas fotos y tachar varios nombres de los listados de asistencia a sus clases. Pese a la agresividad mostrada, les dijeron que los habían investigado y podían seguir trabajando con normalidad. La comunidad fue testigo del permiso otorgado, y los chicos se tranquilizaron.

El domingo, entre diez y once de la noche, volvieron cuatro guerrilleros, uno de ellos encapuchado y con gafas oscuras, al sitio donde dormían. Abordaron a Iván, que descansaba en un chinchorro. Lo sacaron a la fuerza, lo empujaron a la calle y se lo llevaron detrás de una caseta, lejos de la vista de la gente, pero aún en el caserío. Una vez allí, le dispararon cuatro tiros en la cabeza y uno en el pecho. Pusieron junto al cadáver los dos carteles citados, escritos a mano con bolígrafo azul. También planeaban segar la vida del compañero –“a ese hay que matarlo”, dijeron–, pero la comunidad lo impidió.

Los lugareños aseguran que nadie oyó ni supo nada de Iván hasta la mañana siguiente, cuando encontraron el cuerpo. Integrantes de la disidencia no pusieron reparos en que lo trasladaran a Miraflores por el río. Solo advirtieron: “Lleven el letrero”, cuando notaron que lo habían olvidado.

El jueves, tras el sepelio, la comunidad de Miraflores rechazó en una marcha el crimen. Una persona comentó que el sobreviviente está traumatizado por la muerte de su amigo y saber que se salvó de milagro.

La consecuencia inmediata del asesinato es la suspensión del trabajo de los monitores. No hay garantías para ellos ni para una ONG u organismo internacional en esa área del Guaviare.

El disidente frente primero lanzó el mensaje de que matan o secuestran a quien ponga en riesgo el reclutamiento o pretenda buscar alternativas al cultivo de coca.
“Al Estado le quedó grande controlar nuestro territorio”, dijo un poblador a este diario por celular. “Sentimos que nos abandonaron”.

Este año se han llevado a sus filas menores en los colegios, siguen sembrando minas –un indígena murió al pisar una y un guerrillero falleció manipulando un explosivo–, la vacuna está extendida, hay asesinatos, como el del padre de un sargento del Ejército, y desplazamientos –el presidente de la inspección de Barranquillita debió salir–, entre otros muchos delitos.

“La disidencia se ha fortalecido, y el Gobierno no toma las medidas para impedirlo. No sabemos por qué nos dejó solos”, sentencia otra persona que también pide no dar su nombre por temor a represalias.

Fortín de la disidencia, Barranquillita es el mismo corregimiento donde secuestraron en mayo pasado a Herdely López, miembro de la ONU. Y son varias las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo para instar a todas las entidades nacionales y regionales a tomar medidas para proteger a la población. El Procurador General también hizo un llamado a las Fuerzas Militares para que prevengan el reclutamiento de niños.

En la actualidad, las disidencias de las FARC operan ya en 41 municipios, distribuidos en quince grupos. El mayor de todos es el frente primero bajo el mando de ‘Gentil Duarte’.

15 de septiembre de 2017.

Salud Hernández-Mora.
Especial para EL TIEMPO.

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