A través de un comunicado, los terroristas del ELN exigieron al Gobierno de Juan Manuel Santos que el secuestro sea considerado un delito ligado a la rebelión.

Al igual que a la guerrilla de las FARC, los del ELN exigen que en las negociaciones se salten las normas internacionales para no pagar sus crímenes.

Los terroristas dicen que “para el ELN entre los delitos políticos que son conexos al derecho de rebelión están:

Dar muerte en combate a un combatiente.

Tomar prisioneros como producto de combates”.

Sin embargo, la ONU había advertido en 2010 que “la privación de la libertad sistemática y prolongada de militares y civiles y los tratos inhumanos o degradantes a los que son sometidos, constituyen un crimen de guerra».

30 de noviembre de 2016.