La periodista norteamericana Mary Anastasia O’Grady explicó en el diario The WallStreet Journal cómo es que se está manejando la justicia en Colombia después de los acuerdos entre Santos y las FARC.

“En agosto de 2011, la entonces fiscal general de Colombia, Viviane Morales —quien estaba viviendo con un ex guerrillero— presentó cargos penales contra Arias. La funcionaria argumentó que Arias delinquió cuando firmó un contrato sin licitación con una filial de la Organización de Estados Americanos (OEA) que suministraba asesoría técnica y asistencia sobre proyectos de irrigación a los países miembros. No importaba que los contratos con la unidad de la OEA para este tipo de trabajo hubieran sido una práctica estándar en Colombia por décadas.

En su nuevo libro, Cárcel o exilio, el periodista colombiano Plinio Apuleyo Mendoza reporta que Juan Manuel Dávila, quien participó en el fraude, admitió bajo juramento en el juicio que ni siquiera conocía a Arias o a ningún otro funcionario del Ministerio. Dávila declaró luego de la revelación de un correo electrónico de 2010 que le había escrito a su novia y en el que había dicho que, desde el principio, el ardid fue algo “netamente, solo político”. El “escándalo”, continúa, “solo tuvo un propósito, JODER A ANDRES (sic) FELIPE ARIAS”, explicó.

Eso es lo que se ha hecho, y el esfuerzo de extradición fortalece ese mismo objetivo. Mientras tanto, Santos se prepara para conceder un poder político sin precedentes a las FARC”.

12 de septiembre de 2016.

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