El procurador Alejandro Ordóñez pidió que la modificación de la ley de orden público no deje sin castigo a responsables de crímenes atroces.
También habló sobre los territorios que el gobierno le dará las FARC.
Explicó que “no existe precisión sobre para qué se crean tales zonas de ubicación. Tal y como aparece la norma, permitiría que bajo ese cambio de rótulo se repitiera la experiencia de ‘El Caguán’.
Para evitarlo, se requiere incluir en el proyecto de ley que las zonas únicamente se podrán crear con el fin de implementar el Acuerdo Final y con el propósito exclusivo de llevar a cabo el desarme y la desmovilización del grupo, esto es, su disolución como aparato militar.
Por tanto, las zonas de ubicación solo se pueden implementar posteriormente a la firma del acuerdo final, el cual deberá contener las reglas sobre el desarme y la desmovilización, al igual que el cronograma pactado por el Gobierno y las FARC”.
Seis limitantes necesarias que deben tener las zonas de las FARC:
- Existan asentamientos de población civil, en especial en aquellas zonas donde las personas hayan sido víctimas del grupo guerrillero.
- Se desarrollen actividades económicas a las que se les pueda ocasionar un daño.
- Se trate de territorios donde se lleven a cabo actividades de minería criminal.
- Sean zonas de concentración de cultivos ilícitos, infraestructura para el procesamiento de coca y corredores para el tráfico de estupefacientes
- Estén ubicadas en franjas fronterizas, por razones de seguridad nacional.
- Que comprenda áreas donde otros grupos armados ilegales delinquen y que podrían favorecerse con la parálisis de la Fuerza Pública.
27 de febrero de 2016.