Ni siquiera los mismos chavistas se benefician de los alimentos regulados por el régimen.

Las empresas de alimentos que debería surtir a los empleados públicos con productos que son subsidiados, no los están entregando al precio establecido, los están vendiendo con un sobrecosto de 42 %.

En las entidades estatales hacen “jornadas de alimentación” para mitigar la escasez que hay en los supermercados normales.

Sin embargo, estas jornadas tampoco benefician a los trabajadores.

Además de que los camiones llegan con productos de dudosa calidad y los encargados de la distribución cobran cifras exageradas, las cantidades que llegan son muy pocas.

Esta limitación se debe también a la corrupción de la dictadura.

Algunos supermercados públicos  acaparan los productos para también poderlos vender con sobrecosto.

Esta situación ya ha pasado varias veces y ha sido denunciada, pero la dictadura ignora estos pedidos de auxilio de los mismos servidores públicos.

23 de diciembre de 2015.