El presidente Álvaro Uribe junto a la bancada del Centro Democrático analizó el acuerdo anunciado por el gobierno Santos y las FARC en materia de justicia para los terroristas.

No se equivoca el presidente Álvaro Uribe al decir que “Romaña pasa de ser el secuestrador de la carretera al llano al gobernador de Cundinamarca”.

Tampoco lo hace cuando dice que “basta que las FARC acepten masacre de Bojayá o bomba del Nogal para tener condena sin cárcel y ser elegibles”.

Aquí 17 “goles” que le están metiendo a los colombianos:

1.El acuerdo garantiza impunidad para crímenes de lesa humanidad. En su aparte de Sanciones establece que basta con que el sindicado reconozca la comisión de esos delitos para que no tenga castigo de cárcel.

2. El artículo 77 del Estatuto de Roma establece penas de hasta 30 años de cárcel para castigar delitos de lesa humanidad, e incluso contempla la cadena perpetua para algunos casos.

El acuerdo no cumple con esa obligación.

3. En el Acuerdo la confesión sustituye el castigo, que queda totalmente ausente. La consecuencia es la impunidad.
4. El artículo 36 del Acuerdo garantiza la participación en política de todos los condenados por delitos atroces, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Podrán ser elegidos a corporaciones públicas y a cargos de elección popular.

Esto va en contravía de las ley colombiana que inhabilita para estos efectos a quienes hayan sido condenados por conductas criminales.

3. Según el artículo 39 del acuerdo, el narcotráfico será un delito conexo con el delito político y por tanto será objeto de amnistía.

6. El artículo 59 del acuerdo señala que los mandos de las FARC que establecieron como políticas de la organización las masacres, el secuestro, el reclutamiento de menores, el aborto forzoso, el fusilamiento a las mujeres que se negaban a abortar, el desplazamiento forzoso, etc., no serán responsables.

Su responsabilidad se limita a cuando tuvieron el control efectivo de cada uno de los hechos.

7. El artículo 38 establece que los asesinatos de soldados y policías en combate son amnistiables. De esta manera se está legitimando el uso de la fuerza y la violencia letal bajo el pretexto de que es con fines políticos.
8. Según el artículo 72 después de la firma del acuerdo definitivo, la extradición no se aplicará en ningún caso a los miembros de las FARC.
9. El Acuerdo mete en un solo saco e iguala a las Fuerzas Militares y de Policía del Estado.
10. Los civiles también deberían ser excluidos de esta Jurisdicción Especial para la Paz, que tendría que ser solamente para juzgar los crímenes cometidos por el grupo terrorista de las FARC.

11. Según el artículo 33 del Acuerdo, la Jurisdicción Especial para la Paz establecida en dicho Acuerdo, prevalecerá sobre las actuaciones penales, disciplinarias y administrativas
12. Según el artículo 35 del Acuerdo, el Tribunal para la Paz podrá extinguir, revisar y anular las sanciones, investigaciones y sentencias impuestas a ONG afines al terrorismo. Se extiende la impunidad.
13. En ninguna parte del Acuerdo se establece de manera clara la obligación de las FARC de entregar sus dineros ilícitos para la reparación de las víctimas de sus crímenes.

Son los colombianos los que deberán pagar.

14. El Acuerdo tampoco obliga a las FARC a devolver a sus legítimos dueños los centenares de miles de hectáreas que le han robado a los campesinos en muchas regiones del país.
15. No se podrá reversar una resolución de amnistía o indulto, según el artículo 52. Se consagra la impunidad.
16. Según el artículo 72 los familiares de integrantes de las FARC en segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad, no podrán ser extraditados. El testaferrato también queda blindado y quedará impune.
17. En los casos de reconocimiento colectivo de la verdad, serán las mismas FARC las que supervisen el cumplimiento de la sanción.

18 de diciembre de 2015.