Horas después de conocerse que la Fiscalía General de la Nación imputaría cargos al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, por su presunta responsabilidad en el delito de prevaricato por omisión en relación con el atentado que acabó con la vida del líder político Miguel Uribe Turbay, la entidad sorprendió al país con un reversazo en su decisión.

La posible imputación había generado expectativas sobre avances en la investigación, especialmente por los señalamientos de Miguel Uribe Londoño, padre del líder político, quien ha insistido en que la UNP habría desatendido múltiples solicitudes de refuerzo en el esquema de seguridad del senador.

El cambio de postura de la Fiscalía deja abiertos varios cuestionamientos que hoy circulan en la opinión pública:
¿Qué motivó el retiro repentino de la imputación?
¿Qué está ocurriendo dentro del ente acusador frente al magnicidio de Miguel Uribe Turbay?
¿Hubo presiones políticas detrás de esta decisión?

“A Miguel lo dejaron solo, lo dejaron que lo mataran”, han reiterado sus allegados, quienes insisten en que más de 20 solicitudes de seguridad no habrían sido atendidas oportunamente.