Decomiso de droga: plan de choque: Viviana Manrique Zuluaga

drogas colegios

Ante el crecimiento del consumo de drogas en Colombia el gobierno del Presidente Duque decide implementar un plan de choque que consiste en decomisar todo tipo de dosis de drogas por parte de la Policía Nacional, en este caso lo que se busca es dar un golpe frontal a las redes de microtráfico y narcomenudeo en Colombia.

La verdad es que muchos han planteado que tienen dudas en razón al fundamento de esta medida, por lo que vale la pena hacer memoria, esta decisión se toma con base en el acto legislativo 002 de 2009 que prohibió la dosis mínima, acto que es vigente y constitucional.Por ende, esta medida propuesta por el gobierno es un desarrollo de este Acto Legislativo.

El decomiso es una medida administrativa, por lo cual la persona que porta la droga no irá a la cárcel, lo que deja claro que no es una cacería de brujas como algunos analistas lo han planteado contra los adictos. De manera contraria, lo que se busca no es perseguir al adicto sino al traficante. Precisamente uno de los objetivos del Acto 002 era entender la problemática de las drogas como un asunto de salud pública donde el adicto debe ser atendido y rehabilitado no encarcelado.

En este sentido, esta medida también es producto de la desidia en que se encuentra el país en esta materia, según un informe reciente de la Organización de Estados Iberoamericanos –OEI- publicado el 17 de junio de este año y con cifras a corte 31 de mayo de 2018, en el gobierno Santos no se realizó ninguna actividad en materia de consumo de drogas, basta revisar los compromisos que se tenían en el marco del acuerdo de paz con las FARC para observar que en consumo no se cumplió con nada.

El consumo ha sido la cenicienta de las drogas, todos los gobiernos se han dedicado a perseguir al narcotraficante, a realizar incautaciones de toneladas de droga y especialmente a las medidas contra el cultivo como la fumigación o aspersión, dejando claramente a un lado el consumo que también hace parte de los eslabones del narcotráfico.

Cuando se aprueba el acto legislativo 002 de 2009 en el Congreso de la República fue producto precisamente de la primera encuesta de hogares que se realizó en febrero de 2009, la cual preguntaba por el consumo de drogas, realizada por parte del Ministerio del Interior y de Justicia de la época y de la Organización de Naciones Unidas para las Drogas y Delito, en la que se anunciaba un creciente consumo.

Ante esta situación se lanzó la campaña “Territorio libre de drogas” que llegaría a jóvenes y adolescentes hasta 2010, posterior a ello surgieron análisis como el de la Comunidad Andina en el 2013 que mostraba a Colombia como primer consumidor de drogas sintéticas en las universidades o el que impulsó el Ministerio de Educación en colegios el mismo año que evidenciaba el consumo creciente en niños desde 7 hasta 14 años.

Ante la evidencia del crecimiento del consumo no se tomaron medidas contundentes, de manera contraria se enfocaron en la discusión sobre fumigación con o sin glifosato como si no existiera el consumo. Esto además sin contar los compromisos que se suscribieron en La Habana y que nunca se cumplieron.

Una duda que se han planteado algunos es qué pasa con la famosa sentencia de 1994 de Carlos Gaviria Diaz en la que se permitía la dosis mínima, es claro que el Acto Legislativo 002 de 2009 cambió esta realidad años después ante el crecimiento del consumo de drogas en el país. Por ende, la jurisprudencia de la Corte Constitucional en este sentido debe revaluarse.

Por otro lado, y para el éxito de la medida de decomiso del gobierno Duque deben tenerse en cuenta varios aspectos para su implementación: en caso de encontrar a una persona con droga y en avanzado estado de inconciencia producto del consumo deben existir sitios de atención al adicto que presten el servicio, debe haber una responsabilidad clara del Estado en materia de tratamientos a la adicción y recursos para ello, protocolos de decomiso para la Policía Nacional en caso de menores y poblaciones vulnerables para evitar situaciones de discriminación o estigmatización, debe pensarse en un plan pedagógico que le permita al ciudadano entender en qué consiste la medida, un acuerdo entre gobierno colegios universidades y padres de familia que permitan colaborar en la prevención al porte de drogas para que no sea un plan eterno, debe destinarse un grupo especial de la Policía Nacional que se dedique a esta labor o de lo contrario se descuidará la seguridad ciudadana por las labores del decomiso, debe articularse con los demás eslabones del narcotráfico cultivo y comercialización, distinguir entre dosis mínima y grandes dosis a incautar, dejar claro cómo se distingue entre las drogas sintéticas y las prescritas a la hora de decomisar, protocolos en materia de respeto a los derechos humanos en el momento del decomiso, aclarar cuáles son las acciones que implican perseguir al jíbaro y cuáles de atender al adicto, en el caso que haya multas cómo será el seguimiento al pago y en caso que no se haga cuál será la sanción, un compromiso público del Ministerio de Salud para atender la problemática del consumo entidad competente para el tema que hasta la fecha ha sido indiferente frente a sus competencias en esta materia.

En resumen, debe diseñarse una política pública integral alrededor de la medida del decomiso que permita darle sustento desde el punto de vista de la salud pública, económico, de los establecimientos carcelarios y de policía, la seguridad ciudadana, entre otros aspectos.

Viviana Manrique Zuluaga.

5 de septiembre de 2018.

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