‘Yo la paz aún no la veo, lo que tenemos es más desorden’

chocó

Columna de Salud Hernández- Mora publicada en EL TIEMPO el 1 de mayo.

Habla entre susurros, aunque no hay nadie a la vista. La persona que tengo enfrente transpira miedo y zozobra por todos los poros. “En el momento en que la Armada se vaya, la gente sale detrás”, musita nervioso, y vuelve la mirada hacia una calle desangelada y solitaria del pequeño corregimiento. Cuenta que muchos huyeron de Palestina y los que quedan apenas logran conciliar el sueño desde la masacre en Carrá, un diminuto caserío cercano, tan pobre como el suyo.

Lo único que diferencia a Palestina del resto de las poblaciones de Litoral San Juan es que, al igual que Docordó (nombre de la cabecera municipal), está protegido por un puñado de infantes de marina y cuenta con un precario centro de salud con doctor, enfermera, odontólogo y algunos medicamentos.

Las demás veredas que recorro por el río San Juan, unas en área de influencia del Eln y el resto en zonas de (autodefensas) Gaitanistas, son una hilera de míseros palafitos, habitados por negros e indígenas que malviven de la pesca, la madera, la agricultura y, en algunos casos, de la coca. Desde hace meses los han convertido en campo de batalla de una compleja guerra sin solución en el horizonte, en la que civiles indefensos ponen los muertos, los confinados (una nueva categoría cada vez más extendida), los desplazados y los adolescentes reclutados.

No hay más que recorrer Carrá, aldea fantasma a la que no regresarán jamás las 17 familias que la habitaban. Aún no superan el trauma de presenciar impotentes y aterrorizados el asesinato a tiros de cinco de sus jóvenes a manos del Eln, en la tarde del 25 de marzo, para anticipar lo que puede ocurrir en localidades vecinas. A la matanza le precedieron bombardeos del Ejército a la guerrilla y le siguió el crimen de dos hermanos, familiares de subversivos de las Farc, que residían en Docordó, donde eran muy apreciados. Los Gaitanistas les segaron la vida en venganza por la masacre, hechos todos que provocaron una estampida humana.

“No hay ninguna razón para que asesinaran a los cinco –dice un desplazado de Carrá–. No mataron más porque no había más jóvenes en ese momento”. Rememora que un nutrido grupo de guerrilleros, con camuflado y brazaletes del Eln, irrumpió en la aldea y fue sacando de sus casas a cada víctima para dispararle delante de sus familiares. “Es muy duro ver morir a un hijo sin poder hacer nada”, me cuenta el papá de uno de ellos, que prefiere omitir su nombre por temor a represalias. Conversamos en Docordó antes de irme por el río a su poblado. “Se murió sin causa, era muy buena gente, igual que los otros. No entiendo por qué lo mataron como a un perro”.

Uno de sus vecinos afirma rotundo: “No regresaremos nunca más a Carrá, son recuerdos muy dolorosos, una tragedia muy amarga en una comunidad tan pobre y tan pequeña. También dañaron dos lanchas y dos motores. Les metieron plomo hasta acabarlos. Llevábamos solo diez años en ese lugar, nos instalamos allá tras una ola invernal, y ahora tocará volver a empezar”.

Su inquietud es decidir dónde levantar esta vez el poblado. Porque el conflicto de Litoral San Juan, en el sur del Chocó, no se limita a una serie de escaramuzas entre Eln y Gaitanistas. Va mucho más allá y abarca mayores intereses.

Su estratégica situación geográfica y una topografía montañosa, de selvas frondosas atravesadas por una maraña de ríos y caños, lo convierte en el paraíso soñado de narcotraficantes y guerrillas. En pocas horas, por trochas y agua, pueden arribar a los vallunos Tuluá, Buenaventura, Bajo Calima o el Cañón de Garrapatas –puerta de entrada al norte del Valle, así como a Istmina, entre otras localidades del Chocó–.

Con todo, la joya de la corona, que alimenta la codicia de los grupos criminales presentes y pasados, no son los magníficos corredores sino siete bocanas del San Juan que dan al Pacífico. Protegidas por un laberinto de esteros y fuertes mareas, sirven de guarida a las lanchas que transportan cocaína a las costas centroamericanas. Invisibles desde el aire, las embarcaciones pueden permanecer bajo la vegetación días y semanas, hasta que se presenta el momento propicio para cargarlas con toneladas de polvo blanco y zarpar. Cada bocana tenía un dueño y las utilizaban por igual guerrillas y bandas delincuenciales pagando el respectivo peaje.

Antes de pactar su desarme, las Farc controlaban vastas áreas del Litoral San Juan y el paso a las bocanas, y mantenían un pacto de no agresión con la Empresa, banda mafiosa de Buenaventura a la que se unieron los Gaitanistas (también llamados Urabeños, clan del Golfo o simplemente ‘paracos’). Caleteros de droga, transportistas y compradores de coca, así como traficantes de armas, campaban a sus anchas y la población respiraba cierta tranquilidad. Paradójicamente, el final del proceso de paz rompió la calma.

“Yo la paz no la veo. Puede que allá los grandes hablen de paz, pero acá no hay nada de paz todavía. Lo que tenemos es más desorden”, precisa un pescador. “El proceso de paz para nosotros fue peor”, agrega un morador de Venado, uno de los caseríos que este mes quedaron desiertos.

Los Gaitanistas entraron de malas maneras, robaron lanchas y equipos de sonido, vaciaron la tiendita y dejaron el pánico instalado. “Antes era una zona de las Farc y uno sabía que no se iban a meter al pueblito a lo loco. A uno lo tildan de que andaba con ellos, pero uno se mantiene en lo suyo, en las fincas de coco, la pesca y la piangua. Lo que necesitamos para volver es que se quede la infantería en Venado. Si no, no regresamos. Esto está pesado, nadie sabe qué va a pasar”.

La zona del Eln:

Bajo por el río San Juan hasta Copomá, zona que era de influencia de las Farc y ahora del Eln. Me acompaña un conocedor de la región. Solo nos cruzamos con un par de lanchas. En estas semanas casi todas las actividades están detenidas, incluso la venta de base de coca. Los compradores no se atreven a ingresar. Para ellos y los nativos, no hay peor escenario que dos grupos enfrentados, porque quedan en medio del fuego cruzado.

“Estamos muy mal, nadie de fuera va a entrar hasta que se calme todo. Mucha gente de Copomá se ha desplazado por temor a los ‘paracos’. Aquí queremos dejar la coca, pero no tenemos cómo. Imagínese, con hambre y cultivamos algo que no se puede comer. También se dan bien el arroz y el maíz, pero no se pueden comercializar por lo costoso del transporte por río”, explica un lugareño. Y en estos tiempos convulsos, es arriesgado internarse en el monte para trabajar los cultivos.

Tampoco el San Juan es fuente de comida. Nace en Risaralda y a su caudal vierten aguas residuales los poblados ribereños y mercurio los mineros. El pescado casi ha desaparecido y el poco que hay nadie se atreve a consumirlo. “Mataron la vida del río”, apunta el hombre.

Caminamos por tablones de madera que hacen las veces de calle principal. Me muestra un centro de salud derruido, antenas de Compartel que no sirven, dos paneles solares dañados que nadie sabe cómo arreglar y un proyecto de seguridad alimentaria que puede terminar transformado en otro elefante blanco.

Era una marranera. Los obreros se fueron antes de Semana Santa y no volvieron. Eso se queda así. Dijeron que la obra sería el modelo para hacer lo mismo en otras veredas”, comenta cuando estamos ante un piso de cemento y cuatro columnas de ladrillo a medio hacer. Aunque lo acabaran, no serviría de mucho por su pequeño tamaño. “Los proyectos que han traído son inservibles porque los hacen fundaciones sin consultarnos. Y son muchos los que comen en el camino y poco lo que llega”, añade el lugareño.

En cuanto al conflicto armado, no le ve salida: “No distinguíamos a los del Eln, pero estamos más acostumbrados a las guerrillas. Lo malo es que los otros se quieran meter. A nosotros con el proceso de paz lo que nos dejaron es un problema. Ahora los duros arreglarán sus cosas en Quito, pero aquí es otra cosa”.

En la orilla de enfrente se encuentran tres comunidades indígenas de la etnia wounan. En Chag Pien, de las 72 familias que había, quedan 28. “Estamos resistiendo, no hemos querido irnos para resguardar todo y no dejar que se pierdan los cultivos. El Eln se tiroteó con el Ejército y la gente se fue asustada a Buenaventura hace ya dos meses. Están pidiendo el retorno, pero no hay seguridad”, indica un líder.

Cuando estaban las Farc, reclutaron a diez menores de edad. Cinco murieron. El Eln se ha llevado este año dos niños, de 12 y 13 años. Aunque no conocían a los ‘elenos’ y rechazan el reclutamiento, se sienten más tranquilos con ellos que con los Gaitanistas. “La guerrilla nos reunió y nos dijo que van a ocupar los sitios de las Farc. Pero los ‘paracos’ no investigan, lo van matando a usted de una”, lamenta el vocero de los indígenas.

La Alcaldía municipal les llevó mercados esta semana, un apoyo imprescindible puesto que no pueden salir a cazar ni a pescar en los caños, y solo atienden los sembradíos cercanos. “Hay un centro de salud para las comunidades de esta zona, pero no tiene médico ni enfermera ni drogas”, se queja el líder.

A poca distancia, en Peñita, 79 familias de raza negra están confinadas. “Muy poco estamos saliendo a los cultivos, tenemos miedo a los enfrentamiento del Ejército con el Eln y a los campos minados. Con las Farc estábamos con el mismo nervio, pero se fueron y quedamos tranquilos, hasta que llegaron los del Eln”, comenta una mujer.

No solo perdieron los medios de vida, tampoco tienen escuela. “Debían mandar tres profesores en enero y solo llegó uno, que salió por miedo. Aquí no se amañan porque vienen de Quibdó y de Istmina y estos son caseríos muy pobres, donde no hay nada. Lo lógico sería que nombraran docentes de la zona”, agrega.

En las demás poblaciones donde recalo, la problemática es igual: ausencia de Estado, miedo a la confrontación armada, poblaciones en fuga, futuro incierto. “Plomo y desplazamiento es lo único que recibimos”, resume un funcionario de la Alcaldía.

No contamos con recursos para atender a los desplazados ni las necesidades de la población en salud, educación, seguridad. Nos tiene que ayudar el Gobierno central”, pide el alcalde de Litoral San Juan, Willington Ibargüen.

Por muchos golpes que dé la Infantería de Marina, como los 15 gaitanistas capturados esta semana o las toneladas de cocaína incautadas, persistirá el conflicto. Y una de las soluciones propuestas desde Bogotá, el Plan de Intervención del Valle y Chocó, con acompañamiento de la Armada, entraña riesgos. “Una intervención cívico-militar supone poner a la población civil como carne de cañón”, advierte una fuente de la Defensoría.

Algunos de los habitantes de la vereda Las Peñitas apenas se atreven a salir a cortar madera, una de sus fuentes de subsistencia.

¿Qué hacer? El Alcalde y varios pobladores arrojan dos respuestas como inicio para cambiar el rumbo. “Interconexión eléctrica y construir los tres kilómetros de carretera que unirían un punto del río con la vía de Buenaventura. Sin eso, no hacemos nada”.

La esperanza es que el desarrollo rural detenga el reclutamiento y que ELN y Gaitanistas alcancen un acuerdo de no agresión. Porque las bocanas, eso lo saben todos, seguirán siendo el objeto del deseo de los narcotraficantes.

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