La Procuraduría de Colombia rechazó el decreto 248 de 2017 que aprueba el uso de los recursos de inversión para las regiones en la implementación del Acuerdo ilegal entre Santos y las FARC.

La entidad pidió a la Corte Constitucional que tumbe este decreto porque el Gobierno de Juan Manuel Santos no justificó el cambio de uso de ese dinero.

«Es una fuente presupuestal con destinación específica y no está establecido que el uso de ese dinero sea destinado para otro objetivo diferente a la reconstrucción de la infraestructura vial del país, la recuperación ambiental de las zonas afectadas por las lluvias y para realizar proyectos regionales de inversión», señala el documento entregado por la Procuraduría a la Corte.

17 de marzo de 2017.