Las cortinas de humo de Juan Manuel Santos

El ministro del interior es experto en cortinas de humo.

Las usó mucho cuando estalló el escándalo del 8.000 y él era del sanedrín de Samper. Así que no tengo duda de que ahora sus propuestas sobre la reforma política tienen la doble intención de apuntalar su precandidatura y, al mismo tiempo, distraer a la opinión pública y a los medios de comunicación del caso Odebrecht (O).

Columna de Rafael Nieto Loaiza publicada en el diario El Colombiano el 19 de febrero de 2017.

Pero no es tiempo de pasar esa página. Voy por orden: no se puede desatar una cacería de brujas. Mucha gente seria y honesta tuvo contratos con O mientras que ella se reputaba como la más grande y eficiente compañía de ingeniería de América Latina. Esas relaciones legítimas no pueden ensombrecer la reputación de quienes las hayan tenido.

Sin embargo, tienen que caer todos y cada uno de los corruptos, sin excepción, del presidente de la República para abajo, si fuera responsable.

Y ahora, los hechos: la financiación ilegal de la campaña de Óscar Iván Zuluaga sería fácil de probar, si la hubo. Basta con que se les pregunte a los directivos de O que están declarando en Brasil si hubo un pacto con Zuluaga para pagarle por fuera a Duda Mendonça, el estratega de esa campaña. Y que se pruebe que el pago se hizo.

Después: no es creíble que O financiara al candidato de oposición y no a Santos, presidente en ejercicio y quien tomaría las decisiones sobre las multimillonarias obras públicas que le interesaban a la compañía.

No es creíble que O entregara USD$ 1 millón de dólares a Otto Bula para que se los “regalara” a Andrés Giraldo, el íntimo amigo de Roberto Prieto, gerente de la campaña de Santos.

No es creíble que Prieto se reuniera por “coincidencia” con Giraldo inmediatamente después de que este recibiera la plata. No es creíble que Otto Bula no sepa escribir su propio nombre en su supuesta carta al Consejo Nacional Electoral.

Y no es creíble que la campaña de Santos en el 14 no haya recibido financiación privada, como alegan, cuando además perdió en primera vuelta y los parlamentarios de la coalición de gobierno se quejaban de falta de dinero para aceitar sus maquinarias.

Más hechos: el gobierno de Santos aprobó una adición de 900 mil millones de pesos al contrato de Ruta del Sol, donde O era la compañía mayoritaria y dominante. Lo hizo sin licitación, a puro dedo. En esa adición, se pasó de pagar 5.000 millones el kilómetro a 17.000 millones el kilómetro, tres veces y medio más. Se añadieron dos peajes y se les autorizó aumentar la tarifa en un 3 % adicional a los de todos los peajes nacionales, hasta llegar a un 15 %. Además, le ampliaron la concesión de 20 a 25 años.

Y para rematar, las vigencias futuras, que se iban a dar a O y sus socios a partir de 2024, se adelantaron para entregárselas varios años antes. Al final, se aseguró en un documento Conpes, firmado ocho meses después del otrosí del contrato, en una especie de legalización a posteriori de todo lo entregado en el adendo, nada menos que una rentabilidad del 23 %.

Por su lado, el actual secretario privado de Santos, quien además fue director administrativo de la campaña del Presidente en 2014, llamó al director de la Agencia Nacional de Infraestructura a presionar la firma de la ampliación del contrato para O.

Y el Banco Agrario aprobó financiación especial de al menos 120 mil millones de pesos, a tasas irrisorias, a Odebecht, después de que los bancos privados se la negaran. Lo hizo en diciembre de 2015, no solo seis meses después de que se desatara el escándalo en Brasil y el presidente de O fuera arrestado, sino cuatro días después de que la Supersociedades declarara la compañía en quiebra. ¿Todo es una coincidencia? ¿Todo es muy transparente? ¿Nada tiene que ver con los 4,5 millones de dólares de O que se escondieron tras un contrato falso con Otto Bula y de los cuales al menos uno fue entregado al íntimo amigo del gerente de la campaña santista? Los demás, ¿adónde fueron? ¿Recibió la fundación Buen Gobierno donaciones de O?

Entiendo que N. H. Martínez está metido entre la espada y la pared. Pero están en juego la justicia, su reputación y la de la Fiscalía, y sus aspiraciones políticas.

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