Es triste decirlo, pero la niñez en Colombia se está llevando el peor balance en términos de bienestar y trato por parte del Estado y la sociedad, todos los días se hace más común enfrentarnos a historias que nos rompen el alma en donde las principales víctimas son los menores, los que en el discurso siempre decimos serán el futuro, pero en la práctica, los estamos olvidando.
Columna de la senadora Nohora Tovar publicada el 7 de febrero de 2017.
No son solo nuestros menores reclutados, a quienes esperamos pronto y venimos exigiendo su entrega inmediata sin ningún tipo de condición por parte de las Farc que se benefician de un proceso paz. Aprovecho este espacio para agradecer a todas las personas que viene creando una gran solidaridad entorno a esta exigencia que tiene un carácter humanitario y en la cual hemos insistido tanto.
Cada 14 minutos en promedio se abusa sexualmente de un menor en Colombia, cada día se conoce un repudiable caso donde ellos-los menores- son las víctimas indefensas; Una sociedad que parece estar enferma de indiferencia al olvidar rápidamente casos dolorosos como el de la niña Yuliana Samboní, una justicia que está sumergida en la inseguridad jurídica, que beneficia más al culpable que a la víctima, que se preocupa más por otorgar beneficios a los Garavito, los Byron Palacio violador de un menor de 9 años, los Luis Alfonso Cano, los Uribe Noguera y compañía que van dejando a su paso cada vez más vulnerable a las familias y a los menores. Como sociedad, no es pensable que podamos acostúmbranos a la impunidad cuando las víctimas son los menores indefensos, que en el mejor de los casos, quedan con vida para nunca olvidarlo.
¿Se ha preguntado en pleno 2017 qué país de América Latina ha visto morir de hambre a más de 80 menores? Pues en Colombia, da terror hasta escribirlo, pero es una vergonzosa realidad que nos tiene que sacudir y poner a pensar sobre cuáles son nuestras prioridades como Estado.
¿Para qué un Estado que es capaz de dejar morir de física hambre a un menor? El fenómeno no es solo en el departamento de La Guajira, también se ha presentado en el departamento del Meta y en Vichada.
Algo no está funcionando, las cosas no están bien y el ICBF, institución que le ha servido a Colombia por años, tendrá que replantear sus políticas, porque los tiempos han cambiado, pero el abuso, el reclutamiento y el hambre, siguen siendo un inmerecido destino para los menores en Colombia.