Timochenko exigió que las zonas de concentración estén dotadas como haciendas lujosas. Exige porque Santos está empeñado. El costo del empeño no lo paga él, sino los colombianos con más impuestos aprobados por sus mayorías en el Congreso. Son socios y la sociedad la constituyeron mediante una especie de contrato, donde están estipuladas las obligaciones de cada uno.

Columna de Álvaro Hernán Prada Publicada en el Diario del Huila el 30 de enero de 2017.

Días antes del plebiscito, denuncié que el Gobierno gastaría multimillonaria cifra en las zonas de concentración. Para sorpresa de quienes estaban cotizando al Gobierno, el monto pasaba de los $ 900 mil millones de pesos, sin tener en cuenta los 8 campamentos, únicamente 22 zonas de concentración.

¿Por qué tanto dinero? pregunté, ¿Qué es lo que van a construir? Nada, me contestó la fuente. Se alquilará todo: carpas, contenedores, equipos de comunicaciones, computadores, aires acondicionados, plantas eléctricas, restaurantes, camas etc. “Todo con características especiales. Las exigencias de las FARC son muchas”, me contestó. “Timo” añadió agua, luz, duchas, bibliotecas, aulas, televisores, puestos de salud, atención a madres gestantes y a la primera infancia entre otros.

Santos acostumbró a los terroristas a exigir y al Gobierno entregar. Aunque lo hicieran secretamente, los colombianos nos dimos cuenta. ¿Por qué ahora lo hacen público? Porque las FARC saben que Santos es tramposo, a pesar de que ellos son los únicos a quienes el tirano ha cumplido.

Pero ellos saben que este es un año de campaña electoral y la poca gobernabilidad se agota. Los medios van a tornarse más críticos y para agravar su desconfianza. La semana pasada se filtró que el dictador está contemplando apoyar a De La Calle o a su vicepresidente Vargas Lleras. Las FARC y el Gobierno han hablado de un gobierno de transición para garantizar el traspaso del poder y en este escenario ellos no confían en Vargas a pesar de su apoyo al proceso de paz y a la Reforma Tributaria que les dará los recursos a sus exigencias.

En el Congreso hace transito otra de las exigencias de FARC: tener un tribunal que les garantice impunidad y una herramienta de venganza política, como lo dejó claro el Fiscal Martínez al destapar la intención percibida en el proyecto de perseguir al presidente Uribe. Su costo está estimado en $ 2 billones de pesos. Si sumamos esta cifra con la de cerca de $ 1 billón de pesos en el alquiler de las zonas de concentración, ya estamos llegando a la mitad de lo que aspiran a recaudar con la Reforma Tributaria. Y apenas estamos empezando la implementación ilegal.

¿Hasta cuándo les cumplirá Juhampa? Aunque él está comprometido ideológicamente con los llamados socialistas del siglo 21 y les ayuda a los terroristas para continuar combinando formas de lucha, se comprometió demasiado y le será imposible cumplirles en todas las obligaciones contraídas.

Empecemos por preguntarnos: ¿podrá asegurar un Gobierno de transición? Es el presidente campeón en impopularidad y por más derroche y mermelada que reparta perderá las elecciones y aunque trate de robárselas de nuevo, esta vez lo vamos a impedir. Le quedaría suspender las elecciones, pero la opinión y a quienes él mismo ha motivado para que lo remplacen, serían un gran obstáculo para lograrlo.

¿Qué pasará entonces cuando el presidente no pueda cumplirle a Timochenko sus exigencias? No creo que lo hayan previsto, por ser un contrato entre ilegales, como hacen los mafiosos.

Esperemos que no sea el pueblo, quien termine pagando el incumplimiento.