A pesar de que los terroristas de las FARC son el cartel de cocaína más grande del mundo y el tercer grupo narcotraficante más rico, el Gobierno Santos pide que estos delitos sean relacionados con los delitos políticos para que tampoco paguen por esto.
La ley de amnistía radicada en el congreso, y que con la vía rápida aprobada por la corte Constitucional deberá estar lista a finales de diciembre, especifica que “también serán amnistiables los delitos conexos con el delito político que describan conductas relacionadas específicamente con el desarrollo de la rebelión y cometidos con ocasión del conflicto armado, así como las conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión”.
Una de las conductas que mencionan es el narcotráfico.
El Centro Democrático había advertido que en el Acuerdo con las FARC no hay “un compromiso específico y contundente frente a la relación umbilical de las FARC con este fenómeno”.
Por eso era necesario que los terroristas se comprometieran a:
- Entregar toda la información de sus zonas de cultivo.
- Entregar toda la información de rutas empleadas.
- Entregar toda la información de su cadena logística.
- Entregar toda la información de los proveedores de precursores químicos.
- Entregar toda la información de las redes de lavado de activos”.
Ninguna de estas condiciones se dio en el supuesto nuevo Acuerdo. Por el contrario, la DEA denunció recientemente que “pese a las negociaciones con el Gobierno colombiano, por lo menos hasta principios de 2016 las FARC continuaron con su participación en la escala de producción y exportación de cocaína desde Colombia».
14 de diciembre de 2016.
Situaciones de este tipo y al poder de los narcotraficantes, exigiría que la DROGA FUERA LEGALIZADA, para que de esa forma, los gobiernos «controlaran» la venta y distribución estableciendo los impuestos que correspondieran a los consumidores, igual que se hace con el tabaco y el alcohol.