El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, propuso poner un funcionamiento la ley de Justicia y Paz que se usó para la desmovilización de los paramilitares en 2005.

«En lo jurídico nosotros estamos prestos a analizar alternativas que inclusive podrían estar en el ámbito de la ley 975 de justicia y paz, a través de la cual se pueden explorar otras opciones en el proceso de aclimatar y consolidar la paz en Colombia», dijo Martínez.

Esta ley establecía penas reducidas, de 8 años, para quienes colaboraran con la verdad y reparación a las víctimas.

5 de octubre de 2016.