El procurador Alejandro Ordóñez demandó ante el Consejo de Estado el documento que da “seguridad y estabilidad jurídica al acuerdo final».

Ordóñez explicó que este punto pretende «conferir efectos jurídicos al acuerdo de paz, pero en contravía de normas legales, constitucionales e internacionales».

Esto lo hace porque en «Colombia todo acto gubernamental, inclusive los de naturaleza política, puede ser controlado por los jueces, ya que esto materializa una garantía especial del sometimiento de todos los poderes públicos a la Ley, sometimiento que cobija incluso al presidente y a los delegados del presidente en la mesa de conversaciones de paz».

Asimismo, aclaró que al elevar los acuerdos de las FARC a norma al nivel constitucional se está violando el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra porque allí se tratan temas que no pueden estar dentro de la constitución como: el “manejo de drogas o de distribución de tierras».

29 de julio de 2016.