El procurador Alejandro Ordóñez expuso sus preocupaciones sobre las negociaciones entre el gobierno Santos y los terroristas de las FARC.

1. Se sustituye cárcel con sanciones simbólicas; consistentes en “trabajo”, “obras” y “actividades” para todos los crímenes internacionales.
2. Las sentencias proferidas por la justicia penal ordinaria se desconocerán, no se cumplirán, al sustituir la privación de la libertad a la que han sido condenados los perpetradores, por sanciones “groseramente inadecuadas”.
3. Evadir las sentencias previas y las penas a las que han sido condenados los responsables de atrocidades.
4. La sanción que se impone por crímenes internacionales no es proporcional a la gravedad del crimen cometido.
5. Las sanciones pactadas no tienen del carácter restaurativo.
6. Las “restricciones de libertades y derechos” no constituyen sanción, sino son medidas accesorias al “trabajo”, “actividad” u “obra” que se impongan.
7. Las “obras”, “actividades” o “trabajos” se convierten en elementos de proselitismo político en los lugares donde se lleven a cabo.
8. Se concede a los victimarios la iniciativa de la sanción a imponer y el lugar de su cumplimiento, esto convierte a la sanción en una simulación.
9. Se traslada la obligación de garantizar el cumplimiento de la sanción, cualquiera que esta sea, incluida la de prisión, a las FARC a las Fuerzas Armadas.
10. No cumplir con la verdad, la reparación y no repetición no suprime los beneficios que concede la jurisdicción para la paz, pues mantiene la máxima pena en 20 años, no en 60 años, como señala el Código Penal.
11. El Acuerdo busca la excarcelación masiva de quienes hoy cumplen condenas en prisión por la realización de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
12. No se establece como condición de manera clara, expresa y sin ambigüedad, que la “dejación” es una regla que deben cumplir sin excepción todos los comparezcan.
13. No comprende de forma clara el compromiso de las FARC y de sus miembros de reparar a las víctimas con su propio patrimonio y riqueza ilícita. Tampoco respecto a los agentes estatales.
14. Habilita para la participación en política, esto es, el ejercicio del Gobierno, a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.

15. Protege a la cúpula del grupo armado ilegal que ejerció el mando sobre el aparato violento, al igual que a los mandos de las Fuerzas Armadas, deformando los principios establecidos en el derecho penal internacional al exigir “control efectivo de la respectiva conducta”.

19 de enero de 2016.