El procurador de Colombia, Alejandro Ordóñez, expresó su inconformidad con el acuerdo de justicia al que llegaron las FARC y el gobierno Santos.

En él no hay penas que hagan justicia para crímenes de lesa humanidad cometidos por los terroristas.

Dijo que “los máximos responsables de atrocidades no tendrán un solo día de reclusión.

En cambio, el acuerdo consagra sanciones groseras e inadecuadas. No son proporcionales a la gravedad de los crímenes”.

Estos crímenes de las FARC serán pagados con “obras, actividades y trabajos comunitarios”: delitos de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, secuestro, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracción de menores, desplazamiento forzado y reclutamiento de niños.

Solo les bastará reconocer la verdad y su responsabilidad en esas atrocidades.

La sanción pactada es una comedia, una parodia, un truco.

Es además un aliciente para la repetición.

Como si eso fuera poco, el Acuerdo entre el presidente Juan Manuel Santos y “Timochenko”, da el derecho a los victimarios de escoger el tipo de trabajo comunitario que quieren hacer.

Sanción a la carta.

Sí, los condenados pueden proponer la sanción que la obra, actividad o trabajo que les apetezca.

¿Qué más quieren?”

17 de diciembre de 2015.