El acuerdo firmado entre el gobierno y los terroristas de las FARC es una ofensa a los militares, a los policía y a los civiles víctimas del conflicto armado.

En el acuerdo de justicia en el negocio de la paz, las fuerzas armadas son tratados igual que los terroristas.

El expresidente Álvaro Uribe asegura que es un irrespeto someter a los militares al mismo sistema de justicia de las FARC.

Con este trato se define a los militares como actores armados del conflicto político y no como lo que son: guardianes de la nación.

El gobierno los pone como parte del mal llamado conflicto.

Este trato a los militares provocará que muchos, para no ir a la cárcel, acepten crímenes que no cometieron.

Lo mismo pasará con los civiles.

Agricultores y campesinos que fueron extorsionados en zonas de conflicto, que fueron obligados a colaborar a las FARC, van a ser acusados.

Para no ir a la cárcel les tocará aceptar delitos que no existen.

Mientras a las FARC se les garantiza que no van a la cárcel, a los militares, a los policías y a los civiles víctimas se les impulsa a aceptar crímenes.