En un intento por ocultar el paro agrario de 2013 las autoridades cometieron varios abusos contra los manifestantes.

La Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación fueron demandadas por tortura y secuestro.

También alegan daños morales por ser incluidos como integrantes del “cartel de los vándalos”.  Los demandantes son 11 jóvenes en Cundinamarca que fueron atacados por las autoridades sin justificación alguna.

Como parte de la reparación piden a organizaciones internacionales que se establezcan límites de uso de la fuerza por parte del ESMAD. Además de una reparación económica por los daños a ellos y a sus familias.