A los periodistas y a quienes les pagan no se les debe pasar por alto que el monopolio de la comunicación desapareció y que su credibilidad, así tengan los medios, es cada vez menor.

Columna de Rafael Guarín publicada en Semana el 17 de julio.

A los periodistas y a quienes les pagan no se les debe pasar por alto que el monopolio de la comunicación desapareció y que su credibilidad, así tengan los medios, es cada vez menor.

Una cosa es el periodismo y otra el matoneo disfrazado de periodismo.

Ciertamente la Constitución (de Colombia) y el derecho internacional de los derechos humanos protegen la libertad de prensa, no el matoneo como práctica sistemática de persecución contra una persona, una población o un grupo social, étnico o político, bajo la excusa de que se trata de ejercicio periodístico.

La controversia personal entre Daniel Samper y Álvaro Uribe es una magnífica oportunidad para reflexionar sobre este asunto.

La prensa es libre pero responsable, indicaba la Constitución de 1886.

Libre porque ese atributo es esencial en el régimen democrático y responsable porque tiene los límites que le impone el respeto por los derechos humanos.

Tener una imprenta, un canal de televisión, un programa radial o medios en internet, no es una licencia para violentar los derechos de nadie.

La solidaridad de cuerpo de los periodistas no puede ser un aliciente al abuso, ni una tapadera que encubra en periodismo el delito.

Vamos al punto.

Existe una “pléyade” con el título de periodistas que en realidad son políticos y representantes de intereses y facciones.

Posan fascinados de críticos e independientes y hacen pasar con el rótulo de libertad de prensa lo que consideran el “derecho a difamar”.

Esos señores no están preocupados por proporcionar información veraz e imparcial, sino por denigrar a todo aquel que gradúan de enemigo.

Pretenden una superioridad moral que justifique actuar cual acosador escolar: hostigar, coaccionar, humillar, insultar, vejar, vilipendiar, desprestigiar.

Otros no tienen problema en llegar a la injuria y calumnia.

Les encanta hacerlo.

En algunos casos, como el de Dani, parece cuestión de vocación.

Los que hacen de la sátira política su profesión están en su derecho, sin violentar los derechos de los demás, tampoco escudando sus ataques a la honra y el buen nombre de las personas en el ejercicio de la libertad de opinión y de la libertad de prensa.

Un periodista no tiene licencia para delinquir con la calumnia y la injuria.

Si lo hace está actuando como delincuente, no como periodista.

Precisamente, por eso, al tiempo que se protege la libertad de prensa, se reconoce que ésta tiene límites y que puede ser regulada con el fin de preservar los derechos de los demás.

La Constitución no protege la difusión de información que no corresponda a la verdad o que se presente con una visión parcializada e incompleta que afecte la honra, la reputación y el buen nombre de las personas. Todo de lo que rebosan los líbelos de Dani.

Un columnista puede opinar lo que quiera, no obstante, cuando difama deja de hacer periodismo.

La agria discusión entre Uribe y Dani no está en el campo de la libertad de prensa, por más que la FLIP y un grupo de notables así lo afirmen.

Las continuas publicaciones, presentadas con el envoltorio de humor e irreverencia, no son más que una violación a los derechos humanos y parte de una campaña sistemática de estigmatización y persecución contra una persona y un grupo político, a lo que ahora se añade la población antioqueña.

La libertad de prensa no está destinada, conforme a varias sentencias, a salvaguardar el matoneo, atentar contra la dignidad humana o fomentar la exclusión social.

Eso no es periodismo, es matoneo vestido de periodismo.

Quien hace eso no es un “comunicador” o un “periodista”, es un propagandista, un calumniador, un sicario moral o aficionado al matoneo que inflige daño moral.

Tampoco la controversia está en el campo de la discusión política, así sea entre un senador y un escritor de libelos.

El debate político versa en argumentos, contraargumentos, datos, cifras, análisis, ideas. Me perdonan, Dani no ha gastado una sola neurona en nada de eso.

Que alguien muestre un párrafo en el que haya efectuado un aporte, esgrimido una idea. Nada. Cero. Solo espacio para denigrar, para sindicar.

Así que pedir que la discusión sea argumentada, cabe, pero no cuando sólo hay difamaciones.

En el último año (52 semanas) el 71 % de las columnas publicadas por Dani (37 columnas), llenas de hostigamientos, mencionan directamente a Álvaro Uribe y un número muy alto se refieren al Centro Democrático.

Esa obsesión por criminalizar a los otros, a los diferentes, lo ha llevado a señalar que Uribe es guerrillero, lo cual en Colombia es sinónimo de perpetrador de masacres, narcotraficante, secuestrador, extorsionista, violador, reclutador de niños y deplorable asesino.

Ante eso todo el mundo calla, comenzando por los colegas periodistas.

Ahí no se queda.

Al Centro Democrático, que incluye a todos sus militantes y millones de votantes, le aplica calificativos que lo asimilan a las FARC o al ELN.

Cuando señala que el uribismo se debe “desmovilizar”, lo que hace el humorista no es otra cosa que estigmatizarlo como una organización armada al margen de la ley.

¡Violencia moral! Pregunto, ¿eso es periodismo? ¿eso es libertad de prensa? ¿eso es libertad de opinión? O ¿eso es persecución sistemática?

¿Por qué millones de colombianos respetuosos de la ley tienen que soportar que se les trate de criminales de lesa humanidad?

Otra vez, infamia escudada en “periodismo”.

Todas las personas tienen el derecho fundamental a la honra y el buen nombre.

Los políticos no carecen de esos derechos ni tienen la carga de ser víctimas pasivas de la calumnia.

Se ataca el buen nombre, ha dicho la Corte Constitucional, con “expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas” que carecen de fundamento en la conducta pública de una persona.

Atacar la honra de una niña de tres meses y asociarla con las drogas, no puede tener fundamento en conducta alguna.

A los periodistas y a quienes les pagan no se les debe pasar por alto que el monopolio de la comunicación desapareció y que su credibilidad, así tengan los medios, es cada vez menor, en parte, porque en vez de proporcionar información veraz muchos están más preocupados por complacer al Gobierno y atacar a la oposición al costo que sea.

Que bueno que los periodistas firmantes del “Punto Final” tuvieran un mínimo de firmeza en la defensa dela libertad de prensa ante el acoso enmermelado del Gobierno.

¡Esa si es una amenaza a la democracia!

¿Por qué no la ven?