Proceso de La Habana ignora que en Colombia ha habido una acción narcoterrorista

El proceso de La Habana ha igualado a nuestras Fuerzas Armadas de la Democracia con el terrorismo. Pone a ambos como actores políticos de un conflicto o de una guerra. Ignora que en Colombia ha habido una acción narcoterrorista contra la democracia, a diferencia de otras partes de América Latina donde insurgencias civiles armadas enfrentaron dictaduras, lo cual mereció el calificativo de conflicto. Nuestras Fuerzas armadas no han sido de la dictadura, todo lo contrario, se distinguen por sus respeto a la democracia.

Me referiré en estas líneas solamente al Confidencial de Semana:

Si bien el artículo 34 del capítulo de justicia dispone que el tratamiento para los agentes del Estado y para otros actores que hayan participado en el conflicto puede ser diferente pero equilibrado y equitativo, la lectura de los artículos 59, 44 y 60, muestra que no hay tal diferencia. Y del texto integral de justicia se desprende que integrantes de las Fuerzas Armadas y civiles serán sometidos a un Tribunal con unos jueces nombrados por organismos y con perfiles que acuerden el Gobierno y la Farc, esto es, militares y civiles quedan a disposición del Tribunal y de los jueces de la Farc.

El artículo 44 busca tranquilizar a los integrantes de las Fuerzas Armadas pero no hace más que repetir lo expresado en la legislación actual, que muchas veces se desconoce. Su texto expresa que la responsabilidad de los Comandantes sobre delitos no podrá fundarse exclusivamente en el mando sino en el control de la conducta criminal de los subalternos. Pero el artículo 59 dice lo mismo en relación con los cabecillas de la guerrilla a quienes denomina Comandantes.

Hasta aquí queda claro que igualan las responsabilidades de los comandantes institucionales con los cabecillas criminales, cuando la misión de los primeros es la protección de la ley y de los ciudadanos, y la vocación de los segundos es el delito, así lo llamen derecho a la rebelión.

Además, el artículo 60 excluye de cárcel a integrantes del grupo terrorista, de las Fuerzas Armadas y civiles cuando acepten en la oportunidad definida que han cometido el delito. Para la guerrilla esto será muy fácil, sus crímenes han sido notorios, para civiles y personas de las Fuerzas Armadas, acusados por el terrorismo y sus amigos, por testigos falsos, y juzgados por jueces originados en acuerdos con FARC, habrá el riesgo de irse a la cárcel a menos que acepten delitos aun no cometidos. Qué tal esto para la memoria histórica de nuestra democracia y para la moral de las Fuerzas Armadas.

Nuestra Resistencia Civil está basada en argumentos, es pacífica y debe ser persistente en protección de la democracia.

Álvaro Uribe Vélez
Rionegro, julio 17 de 2016

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