En un comunicado, la procuraduría explica la gravedad de la aprobación de la reforma de la ley de orden público.

«La Procuraduría lamenta que el proyecto de ley aprobado permita la creación de zonas de concentración de guerrilleros armados en territorios donde habita población civil.

Eso pone en manos de responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra a las víctimas, los campesinos, trabajadores, indígenas, afrodescendientes y en general a las personas que viven en dichas regiones, muchas de ellas que se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad.

Tal disposición está en contra de la Constitución y del derecho internacional, que imponen al Estado y a las autoridades la obligación de garantizar los derechos humanos de las personas».

11 de marzo de 2016.