Con gran expectativa quedó el país después de que se firmaran los acuerdos de La Habana con las Farc, después del plebiscito del 2 de octubre quedó gran incertidumbre porque más de la mitad del país manifestó estar en contra de aquellos acuerdos, pero después de tanta insistencia del Gobierno aún contra los resultados democráticos lo mínimo que se esperaba era que fueran capaces de implementarlos adecuadamente, pero el tiempo ha demostrado todo lo contrario.

Columna de Viviana Manrique publicada en kienyke el 5 de mayo.

La demora en la instalación de campamentos en las zonas veredales, la demora en la entrega de las armas, la demora en las amnistías, la falta de control con las células disidentes y en general la falta de claridad frente a cumplir las fechas acordadas y suscritas en los acuerdos.

La entrega de armas, es una columna vertebral de cualquier acuerdo de paz, es la forma en la que se garantiza que no seguirán delinquiendo, que realmente tienen voluntad de paz y que inician la inserción real a la vida civil. No se les puede conferir derechos políticos si tienen todavía las armas en su poder. No se entiende cómo el Gobierno Nacional tiene todo el acelerador puesto en sacar los proyectos de ley a través del “fast track”en el Congreso, pero para obligar a las FARC a cumplir con la misma rapidez, la entrega de armas si no hay urgencia.

Muy interesante la foto de la reunión de la semana pasada donde se reitera el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU a Colombia, claro mientras uno de sus representantes estaba secuestrado (o “retenido” como lo dijo el Presidente Santos). Los acuerdos decían: que en los primeros cinco meses después de suscritos los acuerdos se iba a dar la entrega de armas en contenedores vigilados por la ONU y las caletas con explosivos estarían destruidas. Nada de eso ha ocurrido.

Según la ONU, apenas el viernes pasado recibiría 1.000 armas de manos de los guerrilleros concentrados en las zonas veredales. Dado que hay registradas cerca de 7.000 de ellas, se puede decir que su dejación en la actualidad no supera el 15 por ciento de lo acordado. ¿Cuántos años se necesitarían para que cumplieran con la entrega total?. Mientras tanto el Gobierno Nacional si se acelera a cumplir con el “fast track”.

En cuanto a las caletas, hace algunos días las FARC entregaron el listado, el cual resultó una sorpresa para verificadores internacionales ya que aparecieron 949, escondidas en lugares remotos y de difícil acceso. Ante tal sorpresa, no se ven reacciones al respecto dado que nadie lo tenía contemplado.

Las caletas son un desafío enorme dado que 60 por ciento de ellas contienen explosivos y la ONU debe destruirlas in situ. Llegar a cada una es toda una operación militar que requiere construir helipuertos y asegurar las áreas. Si se demoran con una recepción de armas imaginarse llegar a los explosivos en zonas geográficas complejas para su destrucción implicará enormes gastos y muchos años.

Esto sin tener en cuenta que el otro 40 por ciento de las caletas que tienen armas de todo tipo. Esta es una tarea de los verificadores internacionales dado que deben hacer un inventario, registro y traslado a los contenedores de las zonas veredales.

El problema de no entregar las armas ni acceder a las caletas es que tienen la posibilidad de atacar en los territorios, pues los mecanismos pactados para la seguridad en los terrenos y de los propios guerrilleros están apenas en etapa de diseño, mientras que los asesinatos y la presencia de grupos armados en los municipios crecen con gran rapidez. Un ejemplo de ello es en el Chocó a donde tampoco llegó la paz, los espacios de las FARC están siendo ocupados por el ELN o por las células disidentes de las FARC, así lo evidencian varios Alcaldes con ataques en las últimas semanas. En el Medio San Juan, las poblaciones ven el movimiento de grupos armados enfrentándose por el territorio. Desplazados y huyendo por las armas.

Los grupos armados dicen que no están de acuerdo con las negociaciones de las FARC o del ELN, ¿el Gobierno que tipo de garantías da para la población civil ante estas situaciones?,¿que ha pasado con las alertas tempranas que se han emitido por vulneraciones de derechos humanos y aumento de desplazamientos?

Es claro que los acuerdos superaron al gobierno Nacional, los acuerdos son una cosa y la implementación es otra. Fracasó de manera clara la materialización de los acuerdos generando un caos en las zonas veredales donde no se ha cumplido con nada y ante el desespero el único camino es delinquir, como ya arrancó.

La principal consecuencia de esta lentitud en el proceso de desarme es que muestra la vulnerabilidad del proceso de paz. Es obvio que arranca la desconfianza en todas las partes. En el caso de las caletas, “el Ejército denunció haber hallado una en Putumayo, lo que sembró dudas sobre la transparencia de las Farc en esa materia. Los asesinatos de guerrilleros y sus familiares así como la falta de garantías jurídicas acrecientan los temores y resistencias de guerrilleros de base que creen que van a ser traicionados por el gobierno. Por no hablar de que aumenta la desconfianza política de medio país, que no acepta aún el acuerdo de paz”.

Otro efecto claro del desarme es que sin vaciar las caletas rápido, comienza a evidenciarse un mercado negro de armas y municiones en zonas, desequilibrados, inestables, donde hay disidentes y grupos emergentes, obviamente que nadie controla.

El otro tema es la destrucción de los fusiles, que es una labor dispendiosa que “implica destruir el mecanismo interno del arma sin dañar su forma, pues las FARC quieren que con ellas se hagan los tres monumentos contemplados en el acuerdo. El otro es la extracción de los contenedores y definir a dónde serán llevados”. Sin la entrega mucho menos la destrucción o traslado de las armas.

Así las cosas, sin un control efectivo del Estado en los lugares donde se deben entrega armas o caletas es muy difícil no solo garantizar la entrega según el cronograma que ya se venció, sino garantizar a la población civil que sean hurtadas y utilizadas ilegalmente porque no hay registros ni trazabilidad alguna para recuperarlas. No se trata entonces de solo un incumplimiento de plazos, es el impacto que genera en la seguridad de los municipios donde no hay presencia estatal.

Como dice el dicho “el papel lo aguanta todo” se firmó el acuerdo pero no se calculó su implementación con metas reales, arriesgando la seguridad de la población civil ante los incumplimientos de las partes, incertidumbre e inseguridad es lo que pulula hoy en el país. El desarme, una falsa promesa.

8 de mayo de 2017.