Es necesario entender que la intervención de la fuerza policial disponible no está equipada para realizar actos de contención. (Oiga mire que: Hermanos de 7 y 10 años mueren al ser mal medicados en una droguería)

Las manifestaciones del pasado 21 de enero se desarrollaron en Bogotá bajo la implementación de un nuevo protocolo para garantizar la protesta social, puesto en marcha por la alcaldesa electa Claudia López.

Dicho protocolo estuvo a cargo de la Secretaría de Gobierno y consta de cuatro puntos de intervención durante las movilizaciones; el primero es la sanción social ante los ataques al patrimonio de la ciudad, en segundo lugar, la intervención de madres gestoras de paz y gestores de convivencia, así mismo, la intervención de la fuerza pública solo se llevará a cabo con efectivos disponibles de la policía y finalmente el accionar del ESMAD se utilizará como último recurso, en caso de fallar las otras instancias de intervención.

Las primeras movilizaciones del año estuvieron marcadas por actos de perturbación al orden público en algunas zonas de la ciudad, donde fue necesario hacer uso de la fuerza pública, dejando entrever las falencias que presenta el actual protocolo de la administración a la hora de contrarrestar el vandalismo de algunos ciudadanos.

De igual manera, se comprobó lo improvisado de dicha propuesta con las madres gestoras de paz, quienes no recibieron una formación exhaustiva en el manejo y resolución de conflictos, aspectos que son básicos e imprescindibles para poder realizar algún acompañamiento en las manifestaciones, así mismo, no existe ningún tipo de vínculo laboral con la alcaldía y mucho menos protección con un ARL, implicando un claro riesgo para ellas.

Fuente: Panam Post. (24 de enero de 2020).
Las falencias del nuevo protocolo de la Alcaldía de Claudia López
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