No es un tribunal para juzgar crímenes atroces, es una lavandería. Una vez más, las FARC ganaron la partida. Nos vendieron un engendro laberíntico donde enterrarán las ansias de justicia y verdad de muchas víctimas de la guerrilla. Si resulta difícil creer en la justicia ordinaria, qué confianza puede merecer un tribunal sesgado desde el inicio. Pensar que las FARC meterán sus manos ensangrentadas en la creación de una entidad que deberá juzgarlos produce escalofríos.

No hay más que escucharlos y leer sus trinos después de la ignominiosa ceremonia de La Habana, para confirmar su nula voluntad de admitir crímenes; solo quieren que les laven culpas. Se ríen del general Mendieta, amenazan con investigarlo; igual hacen con Belisario Betancur; le dicen a Pastrana que tendrá que responder por la masacre de Bojayá, que ellos cometieron; y advierten, entre otras cosas, que denunciarán la persecución implacable de las Fuerzas Militares.

Pero eso no es lo perverso, lo preocupante es la letra menuda del acuerdo y los espacios en blanco que deberán rellenar los subversivos y su contraparte. Uno de ellos es que el tribunal estudiará casos de empresarios, agentes del Estado, paramilitares, subversivos, entre otros, tanto juzgados como no juzgados. Y pueden presentarlos la Fiscalía, ONG y víctimas particulares, además de que será medio siglo de conflicto armado el periodo bajo la lupa, lo que diluirá la responsabilidad de las FARC y hará imposible conocer la verdad.

Con frecuencia unos olvidan que se sentaron a negociar con ellos no porque sean revolucionarios con legitimidad y pueblo detrás, como pretendió hacer creer al planeta Raúl Castro, con el beneplácito de Santos, sino por tratarse de una organización de delincuentes a la que es casi imposible derrotar.

En cuanto a los veinte años de prisión para los que no confiesen, no nos engañemos, no están pensados para los capos de las Farc, sino para empresarios, militares y policías, así como políticos de la oposición. Cuando a un grupo de torcidos, como las Farc, les encargan crear las reglas, solo podemos esperar un campo de juego minado de trampas.

Y qué tal la de imponer un pueblo por área de “restricción” de libertad y que sea construir una escuela, cultivar lechugas o desminar algunas de las “sanciones”. Vean la perla que dejó el español abogado de las Farc: “El desminado no es cualquier sanción, imagine lo que es estar cinco años desminando; es un gran riesgo para la vida”.

Lo de los delitos conexos, que santifica la Corte Suprema, causa estupor. El narcotráfico –dicen– es uno de ellos. Pregunto: ¿el centenar de erradicadores de matas de coca asesinados por las minas en los cultivos son muertos por la bendita rebelión? Y aún les queda meter el secuestro de civiles en esa extraña “conexidad”. No saben aún cómo hacerlo, pero algo se les ocurrirá.

Mi espacio es corto para un tema tan complejo, pero una última reflexión. No es necesario que los santistas, los mismos que pedían a gritos cárcel para Andrés Felipe Arias o Andrés Carmargo (preso de manera injusta por las losas de TransMilenio), ahora prediquen que exigir condenas tras las rejas por crímenes atroces es “fetichismo carcelario”, que “meter gente tras barrotes no tiene fundamento”.

Esa arbitrariedad, esa incoherencia tan cachaca, esas distintas varas de medir, son algunas raíces de la violencia. El triunfo no fue de Santos, sino del terrorismo. Con armas, nos comunicaron, se alcanzan fines.