Una de las mayores preocupaciones de quienes se opusieron al primer acuerdo con las FARC fue que Santos y los terroristas iban a reemplazar la constitución con el Acuerdo al que llegaron.

Sin embargo, este punto no fue cambiado. En la página 4 den nuevo Acuerdo, se especifica que “el presente Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera se suscribe por  el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP), como Acuerdo Especial en los términos del  artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949, para efectos de su vigencia internacional”.

Los alcances que tiene un Acuerdo Especial, está por encima de las leyes locales. Esto significa que el Acuerdo con las FARC prima sobre la Constitución de Colombia.

En Junio de 2016, el entonces procurador Alejandro Ordóñez, había advertido que “Timochenko y el presidente Juan Manuel Santos podrán redactar la constitución que quieran, al incluir al bloque de constitucionalidad en sentido estricto el acuerdo final, que aún no existe.

De ahora en adelante, todas las instituciones, las libertades, los derechos, la vida y los bienes de los colombianos están subordinados a lo que se acuerde en la Habana”.

Se busca “conferir efectos jurídicos al acuerdo de paz, pero en contravía de normas legales, constitucionales e internacionales”.

14 de noviembre de 2016.