Algunas organizaciones sociales, académicas, electorales y de víctimas enviaron a la mesa de negociación del Gobierno y las FARC una carta en la que piden que los guerrilleros cumplan sus castigos antes de hacer política.

En el documento afirman que «algunos sectores de la sociedad colombiana rechazan su inmediata elección en órganos de representación política. Teniendo en cuenta estas dos premisas, que debe haber un tránsito de las armas a la política, pero que para algunos no puede ser inmediato, la solución está entonces en que los derechos de participación política de los excombatientes de las FARC-EP que sean condenados por delitos no amnistiables vayan siendo recuperados progresivamente, en la medida en que se verifique el cumplimiento efectivo de las sanciones correspondientes”.

También piden que dentro del nuevo acuerdo quede específicamente estipulado que los terroristas deben entregar sus bienes para reparar a las víctimas, así como “fijar un límite temporal y razonable” para la vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz.

8 de noviembre de 2016.