Eduardo Santos decía que en la política era mejor ser antorcha que alumbra a ser antorcha que incendia. Qué mensaje tan pertinente para los momentos que hoy vive Colombia. Precisamente en ese sentido debe ir la actitud de todos, y acá va mi granito de arena.

Columna de Francisco Pacho Santos publicada en El Tiempo el 9 de octubre de 2016.

Sin duda, la reconducción de los acuerdos debe darse sin prisa, pero sin pausa. Ahora que las Farc han mandado la buena señal desde La Habana de mantener el cese de hostilidades y escuchar las propuestas para un mejor acuerdo, hay tiempo de construir entre los colombianos unos cambios que incluyan a toda la sociedad. Al fin y al cabo ese fue el mensaje del domingo pasado, y estoy seguro de que las Farc prefieren un acuerdo que represente a toda la sociedad y no uno que divida y polarice al país.

Tres principios fundamentales para las propuestas. Primero, preservar y fortalecer la institucionalidad que hoy existe. Segundo, eliminar el paragobierno de permisos y consultas que acaban con la gobernabilidad y la posibilidad de inversión privada en el país. Y tercero, dar garantías de cumplimiento, y por eso se necesitan metas específicas y comités de seguimiento no solo de la guerrilla y del Estado, sino también del sector privado, de las organizaciones sociales pertinentes y de la comunidad internacional.

Veamos ejemplos concretos a manera de ideas y de borrador, pues este escrito solo pretende guiar en lo posible a quienes tienen que tomar las decisiones.

Se puede construir una institucionalidad nacional para la justicia de paz. Con jueces y fiscales nacionales, con códigos nacionales y especiales solo para la paz, construidos desde el debate democrático y con objetivos claros, con temporalidad definida y garantías para todos los sectores. El acuerdo da guías para construir sobre lo construido, pero con límites aceptables para todos los que se pronunciaron el domingo pasado.

Vienen dos temas gruesos. El de redención del daño con restricción de libertad clara y el de elegibilidad política, que pueden ir unidos para que, una vez cumplido el tiempo, se rehabiliten los derechos políticos. Falta, sin duda, dirimir el tema de todo tipo de agentes del Estado por dentro y por fuera de esta justicia. ¿Pueden ellos decidir a cuál justicia se acogen? Lo cierto es que esta justicia no puede ser una cacería de brujas, debe garantizar debido proceso y debe ser pública.

La verdad debe ser un elemento central. Y es fundamental dividir entre la verdad judicial y la histórica. Para la verdad judicial las víctimas son fundamentales, y el proceso de Suráfrica da muchas luces. Audiencias públicas de reconciliación entre víctima y victimario, con la verdad como eje, fueron centrales en la reconciliación en el país africano. Humaniza a la sociedad, visibiliza las víctimas y facilita el perdón.

La verdad histórica debe ser otra cosa. La independencia absoluta de esta debe ser garantía para todos, y por ello ni las Farc ni el Gobierno pueden designar a sus miembros. Se debe garantizar inmunidad para todos, pues el fin de una comisión de la verdad es conocer lo que pasó de la manera más cercana a la realidad y no señalar a un sector o a otro. Su fin debe ser exclusivamente la reconciliación y la no repetición.

¿Seguridad para las Farc? Para ello está la UNP, que se puede transformar para dar totales garantías, con seguimiento internacional. ¿Persecución a bandas criminales? Unidades especiales de la Fiscalía, con metas claras y seguimiento por parte de comités de cumplimiento.

El tema agrario también puede seguir el mismo camino. Plan concreto para lograr un catastro real, metas claras en materia de vivienda y educación rural, proyectos piloto para campesinos en mecanismos cooperativos. Entrega de tierras con garantías para el comprador de buena fe y jurisdicción agraria efectiva y competente son claves para modernizar el campo colombiano, garantizar la seguridad alimentaria y cerrar la brecha de inequidad que hoy hay en el sector rural.

Qué pena volver a citar a Eduardo Santos, pero en los peores momentos de la violencia entre liberales y conservadores, el expresidente envió un mensaje que entonces caló en unos liberales perseguidos y hoy debe calar en todos los colombianos temerosos de lo que pueda pasar: fe y dignidad. Fe en el futuro del país y dignidad con las víctimas, con la oposición, con las instituciones y con nuestra democracia.