Después de que el presidente Juan Manuel Santos asegurara que la Corte Constitucional lo había autorizado para hacer la pregunta “que se le da la gana” en el plebiscito, el procurador Alejandro Ordóñez cuestionó las facultades reales del presidente.

Para él, “el presidente rechaza el control de la Procuraduría porque considera que ningún órgano del Estado lo puede o lo debe controlar. Ordena a los servidores públicos “no pararle bolas” a los organismos de control

La directiva emitida por el presidente, la política de extorsión y chantaje que el Gobierno implementa contra las autoridades regionales, los contratistas y las empresas privadas; la utilización de los recursos del Estado de forma indebida, demuestran que frente al plebiscito hay un fraude en marcha, que me corresponde denunciar.

Rechaza el control porque no quiere que se denuncie ante la opinión pública el fraude a las reglas del plebiscito que se está haciendo desde el Gobierno.

Rechaza las preguntas de la Procuraduría porque no quiere que se conozca los verdaderos alcances del Acuerdo.

Estigmatizan a todo aquel que no acepta someterse a lo dictado por el Gobierno y las FARC.

¡Quiero alertar a los colombianos! ¡Es mi deber! En el plebiscito se van definir las próximas tres o cuatro décadas para el país y la vida de todos”.

7 de septiembre de 2016.