El procurador Alejandro Ordóñez se mostró preocupado por las amenazas del presidente Juan Manuel Santos sobre una toma terrorista de las ciudades si los colombianos no aprueban la entrega de Colombia a las FARC.

Aseguró que “la gravedad de dicha información no puede pasar inadvertida para la Procuraduría General de la Nación.

En cumplimiento de la obligación que impone a la Procuraduría General de la Nación el artículo 277 de la Constitución y el Decreto 262 de 2000, me permito hacer las siguientes observaciones:

1. La declaración del señor presidente de la República revela una estrategia de terror para imponer por miedo el acuerdo de La Habana y para someter a la sociedad.
2. Se quiere atemorizar a los ciudadanos y anular la libertad sobre los acuerdos de La Habana.
3. El presidente notificó a los ciudadanos que deberán acudir a las urnas a votar el plebiscito bajo el chantaje de terrorismo en las ciudades.
4. Tal amenaza de las FARC anula completamente la libertad del voto de los colombianos y deslegitima totalmente el plebiscito.
5. El Gobierno Nacional tiene la obligación de velar por la libertad plena de los ciudadanos para concurrir sin apremio a las urnas, libertad para apoyar los acuerdos de La Habana o libertad para rechazarlos.
6. Se debe exigir inmediatamente al grupo guerrillero FARC un compromiso público de respeto a la decisión soberana del pueblo colombiano con relación a los acuerdos.
7. Es inadmisible que el presidente pasivamente acepte como regla de la negociación que se amenace con una guerra urbana. Está claro que el plebiscito no es para que los ciudadanos tengan la última palabra, sino para que se sometan por la fuerza a lo pactado por el presidente Santos y el cabecilla alias «Timochenko».
8. La pasividad del Gobierno frente a la gravísima amenaza de desatar una guerra en ciudades como Medellín, Cali, Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Pasto o Barranquilla, es un aval tácito a una estrategia de someter por terror a la sociedad colombiana.
9. El presidente no puede pactar un mecanismo de refrendación con las FARC que esté condicionado a esa amenaza. Mientras subsista esa amenaza, hacerlo es consentir con el chantaje del terror.
10. Si el presidente tiene “amplísima información” sobre la decisión y capacidad de las FARC de atacar las ciudades, ¿qué está haciendo para neutralizar dicha amenaza?
11. Imposible seguir ocultando que la suspensión de bombardeos contra los campamentos de las FARC, lugares desde donde se está preparando la guerra urbana, fue seguida por el cese de la casi totalidad de las operaciones militares y de los operativos de Policía contra las FARC. Ahora se viene a saber que durante ese tiempo el grupo guerrillero se ha dedicado a prepararse para la guerra en las ciudades.
12. Los colombianos tienen que defender su libertad, para decidir sin presiones del Gobierno y sin amenazas de las FARC.
13. Los ciudadanos deben repudiar que se les lleve a un plebiscito, no a decidir, sino a doblar la rodilla ante el chantaje de terrorismo en las ciudades.

Si el presidente Santos se ha dado por vencido, debe él tener claro, al igual que las FARC, que la sociedad colombiana no”.