2016 es un año decisivo para la economía mundial, Colombia no es la excepción, existe incertidumbre ante una posible crisis económica e improvisar no es una opción, como tampoco lo es poner en riesgo nuestros recursos ambientales, el futuro de la humanidad.

El Gobierno Nacional tuvo como bandera el año anterior: ‘raspar la olla con la minería’, y fue así que todos los esfuerzos del Ejecutivo estuvieron encaminados a cumplir tal fin.

El Plan Nacional de Desarrollo optó por reducir la región geográfica de la Amazonía (dimensión), para trasladarla como por arte de magia a la región de los Llanos Orientales (removiendo cerca de 179.883 Km2).

Así fue, se expidieron los ‘decretos navideños’ convirtiendo zonas ambientalmente sensibles del país en áreas de interés minero energético.

Ante esta andanada de normas, que buscaban reactivar la economía a como diera lugar, aparecieron de urgencia las autoridades judiciales para tomar cartas en el asunto.

A conocimiento de las altas cortes llegaron estos temas.

Con diferentes fundamentos, los togados resolvieron detener la improvisación gubernamental en materia minero energética.

Así, sin más, el Consejo de Estado suspendió el denominado ‘decreto navideño’ por considerar que vulnera la autonomía territorial (mientras resuelve de fondo); la Corte Constitucional en la sentencia C-035 de este año, ordenó terminar de una vez por todas con las actividades de extracción minera y de hidrocarburos en los páramos (autorizadas por el Plan Nacional de Desarrollo), y finalmente -no hace más de una semana- la misma corporación resolvió frenar parte del proyecto Quifa, en el municipio de Puerto Gaitán , en el departamento del Meta, por no haber sido acordado con las comunidades indígenas del Pueblo Sikuani.

Es decir, el Gobierno del presidente Santos incumple la consulta previa.

Grave tema.

Quifa es nada más y nada menos que el segundo campo productor de la empresa Pacific Rubiales, en el que Ecopetrol tiene 40 % de participación.

Cabe recordar que campo rubiales y la Unidad de Planeación Minero Energética (UMPE) el año anterior alardearon que se lograría la meta del millón de barriles diarios.

Este proyecto aporta unos 56.000 barriles de crudo por día y ayuda a solventar la grave crisis que actualmente atraviesa la petrolera canadiense.

La Corte Constitucional ordena la suspensión de las actividades relacionadas con este proyecto, que actualmente se desarrollan a una distancia inferior a 2 kilómetros del límite del resguardo indígena Vencedor Pirirí.

Área sobre la que no se tiene certeza de cuántos pozos tiene, ni cuánto tiempo dejará paralizada la producción sobre esa zona, pues todo depende de la negociación que se surta con las comunidades.

 Viendo el problema en perspectiva, lo único claro es que se evidenció un afán bochornoso del gobierno nacional por obtener recursos, todo se hace con premura.

¿Dónde estaban las autoridades?

Esa es una pregunta muy válida pues si bien la consulta previa en el país aún no se encuentra debidamente regulada, toda esta serie de hechos demuestran que las autoridades tienen un único propósito, sacar los recursos sin importar ‘la forma’ y a su paso dejar comprometida la inversión en el país, la cual va de capa caída.

 ¡No estamos para improvisar!

El fin del boom petrolero tiene el 75 % de los taladros del país detenidos; por la crisis, más de 10 mil trabajadores del sector podrían quedarse sin empleo, y el escándalo de Reficar evidencia que la improvisación le costó al país más de 4.000 millones de dólares por concepto de sobrecostos.

De nada sirve que Santos mande a viajar a su gabinete en clase turista, ni porque los mande por carga, si no es fiscalmente responsable y planea adecuadamente sus decisiones.

Nota: este año la raspada de la olla ya no le corresponde al sector minero energético, después de las elecciones regionales y con un hueco fiscal de no menos de 30 billones de pesos, el Gobierno Santos ya tiene un nuevo objetivo en la mira: el contribuyente (de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión de expertos para la equidad y la competitividad tributaria).

Ojalá esta vez si haya planeación y respeto de los derecho fundamentales de los colombianos, y no sigamos siendo víctimas de la improvisación de un Gobierno que cada vez parece más el ‘Enemigo del Pueblo’.

 

Por: Fernando Sierra Ramos
​@Fsierraramos
Representante a la Cámara por el Meta
Centro Democrático

5 de marzo de 2016