El presidente Álvaro Uribe expone sus reflexiones sobre el tema del acuerdo de justicia entre el Gobierno y las FARC.

El expresidente escribió estas reflexiones porque observa un ambiente a favor de la impunidad, que en lugar de respetar el equilibrio entre paz y justicia, pareciera querer anular la justicia en procura de la paz con las FARC.

Reiteró su propuesta de un acuerdo nacional que proteja los valores democráticos en la búsqueda y firma de la paz.

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Ambigüedad en la justicia: Paz o distracción política 

Con el único propósito de avanzar en propuestas para una paz estable y que signifique alivio para los colombianos, insistimos en puntos sobre la justicia.

En el Estado de Derecho, la justicia imparcial y objetiva, en cuyas decisiones predomine el cotejo entre la norma y los hechos por encima de la inclinación política del juez, es un punto fundamental para que puedan funcionar los otros elementos como la participación pluralista de la ciudadanía.

El equilibrio entre paz y justicia no se debe romper; se requiere justicia para que la paz sea respetada por los mismos actores violentos o por otros que pretendan sucederlos en su acción delictiva. Además, sin justicia adecuada, no hay garantía de estabilidad en el largo plazo a favor de los acuerdos y de los propios signatarios.

La primera preocupación nos surge de la expresión bastante general, en voceros del Estado colombiano, que con excepción de la Procuraduría, expresan que la “justicia no puede impedir la paz”. Incluso en la Corte Constitucional, no obstante haber procedido con recato relativo, también se escucha la tesis de que “estamos ante el hecho excepcional de la paz” con lo cual podría aceptarse cualquier violación de la Carta. Precedente grave que reclamarían en el futuro el ELN y las bandas criminales. Riesgo no imposible si recordamos que muchos de quienes hoy aceptan a Farc como actor político, en 1991, poco después de la proclamación de la Constitución, la calificaban como agrupación narco terrorista.

Escribimos las siguientes reflexiones porque observamos un ambiente a favor de la impunidad, que en lugar de respetar el equilibrio entre paz y justicia, pareciera querer anular la justicia en procura de la paz con Farc.

Justicia restaurativa y castigo carcelario

Ni la prevalencia de la justicia restaurativa, cuyo énfasis se concentra en la reparación de las víctimas, ni el hecho de la reparación deben evitar el castigo carcelario a los responsables de delitos atroces, pues hay consenso que los guerrilleros rasos no deben ir a la cárcel.

El castigo carcelario no es un tema exclusivamente jurídico, que permitiría afirmar que a la luz de la jurisprudencia internacional el castigo es cárcel, no obstante que en nombre del “margen nacional de apreciación” algunos sustentan la tesis de que la ley internacional se cumple sin cárcel. El asunto trasciende lo jurídico y se ubica en el terreno del buen o mal ejemplo, de la disuasión futura del crimen o de su promoción.

Así como la justicia restaurativa necesita ese elemento disuasivo que es el castigo carcelario, la reparación de las víctimas es un complemente necesario del castigo, pero nunca sustituto.

El castigo no puede ser sustituido por la reparación de las víctimas que es de la esfera de lo ético, para reparar al prójimo a quien se ha infringido daño, de lo humanitario, para resarcir al maltratado, y, aun de lo civil, para restablecer la ecuación conmutativa a favor de quien ha sido afectado sin causa lícita. El castigo, desde lo penal, incluso desde lo restaurativo, es la protección de potenciales y futuras víctimas, pues al disuadir al crimen tiende a garantizar el derecho “a la no repetición de la violencia”.

Si en aras de la paz los cabecillas responsables de delitos atroces no van a cárceles ordinarias, por lo menos durante la sentencia alternativa, esto es, más corta, que se les imponga, deberían estar recluidos en lugares que tengan condiciones penitenciarias, así esos sitios fueran granjas agrícolas o similares.

Una vaga restricción de libertades no sería un castigo y daría lugar a dificultades interpretativas en el futuro o a la impresión de engaño a la ciudadanía.

Justicia transicional y el tribunal del acuerdo

Hemos repetido que el caso colombiano debería ser más de sometimiento a la justicia, sin impunidad y con reciprocidades generosas, que de justicia transicional. Nuestro país no está en el tránsito de la dictadura, o de la anormalidad democrática a la democracia, que en nuestro medio ha sido respetable y ha tenido el atributo de superar sus restricciones sin negociar con el terrorismo.

Hemos repetido que el caso colombiano no ha sido otro más de insurrección civil latinoamericana contra dictadores. Por eso hemos repetido que lo nuestro no ha sido un conflicto armado entre pares sino un atentado contra el Estado de Derecho, inicialmente desafiado por el marxismo leninismo armado y después con la participación, independiente o combinada, de la capacidad destructora del narcoterrorismo.

En aras de la paz, sin que estemos de acuerdo, aceptamos que a la guerrilla se le trate como actor unilateral de conflicto y que se le aplique justicia transicional, administrada por el tribunal que informan los acuerdos, que no se aplicaría a los civiles ni a los integrantes de las Fuerzas Armadas.

La ciudadanía no ha sido parte del conflicto sino víctima de la violencia.

Nuestras Fuerzas Armadas, distinguidas por su respeto a la democracia y al orden jurídico, que han cumplido el deber de protección al pueblo y al territorio, no deben seguir siendo equiparadas a agrupaciones terroristas ni consideradas parte del conflicto.

El tribunal transicional, en cuya escogencia, directa o indirectamente participaría la guerrilla, por el “hecho excepcional de la paz”, tendría la inclinación de absolver a la guerrilla, para lo cual a esta le bastaría no negar los crímenes cuya autoría ha sido notoria, y que reconocerían en nombre del derecho a la rebelión y con la invocación de una cadena de justificaciones.

También hay fundadas razones para suponer que el tribunal transicional tendría la proclividad de condenar a civiles, militares y policías. Sin descartar el elemento ideológico de su origen, el “hecho excepcional de la paz” incidiría para imponer esas condenas, que por política de equilibrios llevaría a razonar que si la guerrilla reconoció atrocidades, los civiles y uniformados tendrían que reconocer las suyas.

Lo anterior conduciría a que civiles y uniformados, para evitar cárcel, se vieran obligados a aceptar delitos que nunca cometieron, con lo cual se obtendría no la paz sino el desquiciamiento de la justicia, con antecedentes graves de superar.

Insistimos en la necesidad de un alivio judicial a los militares y policías, sin impunidad y sin condiciones de justicia transicional.

El narcotráfico y el secuestro

Creemos que el narcotráfico y el secuestro no deben ser considerados conexos con el delito político como razón para beneficiar a sus responsables con indulto explícito o con una figura implícita equivalente.

Es notorio que el narcotráfico ha sido fuente de terror y el secuestro práctica de terror. Se alega que grupos alzados en armas han acudido a estos delitos para apoyar sus propósitos políticos. Esta excusa carece de recibo alguno en la democracia, que rechaza que el dolor a los ciudadanos tenga alguna justificación política. No olvidemos que todo móvil terrorista se esconde en móviles políticos, que simulados, o incluso interiorizados por los terroristas, no son argumento para admitir la atrocidad contra la comunidad.

Incomprensible que Colombia, que iba ganando la lucha contra el narcoterrorismo y el secuestro, acepte ante el mundo que estos delitos son políticos.

Nuestra ley de Justicia, Paz y Reparación permitió que cuando el narcotráfico no sea objeto principal de la actividad delictiva y se use como medio de financiación de paramilitares o guerrilleros, puede concederse pena alternativa, pero nunca amnistía, indulto, impunidad o elegibilidad política.

No podemos ocultar la preocupación de que cuando el narcotráfico avanza nuevamente en Colombia y miles de ciudadanos evaden el secuestro a través de pagar creciente extorsión, estos delitos estén en la víspera de ser considerados como políticos y no castigables.

No podemos ocultar la preocupación por el aumento del narcotráfico, de los cultivos ilícitos, fenómeno aparejado por la renuncia oficial a la fumigación, la reducción a mínimos de la erradicación manual, el abandono de Familias Guardabosques y la casi inexistencia de cultivos comerciales alternativos.

No podemos ocultar la preocupación de que la lucha contra los cultivos ilícitos esté aplazada hasta que se pueda adelantar en asocio con Farc, organización convertida en el primer cartel de tráfico de cocaína del mundo.

Elegibilidad política

Hemos aceptado que en aras de la paz se permita la elegibilidad política de quienes entren en los acuerdos con el Gobierno, con la excepción de responsables de delitos atroces como  los de lesa humanidad, graves crímenes de guerra, el narcotráfico, la extorsión y otros. Esto, sin embargo, altera la sabia norma de la Constitución de 1991, que prohibía la elección de personas condenadas a penas privativas con excepción del homicidio culposo y del delito político.

Nos preocupa que se quiera dar elegibilidad a responsables de atrocidades. Esta decisión también se constituiría en un premio al delito y en un mal ejemplo a las presentes y futuras generaciones. ¿Por qué quien ha delinquido debe tener el premio de la elegibilidad cuando tuvo la oportunidad de comportarse como es debido para aspirar a la confianza ciudadana?

A pesar de críticas a procesos electorales y de tanta literatura sobre democracia restringida, Colombia ha vivido un proceso permanente de ampliación democrática. Las guerrillas enviaban a las universidades panfletos en los cuales condicionaban el abandono de las armas a la elección popular de alcaldes y de gobernadores. Pero aprobadas estas la reacción fue la amenaza y el asesinato de alcaldes, gobernadores y electores.

En la época del Frente Nacional, las restricciones transitorias no fueron óbice para que el Partido Comunista se albergara bajo las toldas del Movimiento Revolucionario Liberal que dirigía el doctor Alfonso López Michelsen, elegido después Presidente de la República.

La tragedia de la Unión Patriótica se dio en medio de la “combinación de todas las formas de lucha”, que la guerrilla difundía para validar la acción conjunta de las armas y de la política, con un Estado débil para proteger todas las expresiones doctrinarias.

Los años de la Seguridad Democrática fueron un gran avance en la protección eficaz de los líderes de la oposición política.

Todo para decir que en Colombia no ha prevalecido la restricción de la elegibilidad política sino la decisión de la guerrilla de preferir la violencia a los votos. Esto marca la diferencia con dictaduras conculcadoras de libertades, en las cuales los insurgentes no han tenido más camino que el alzamiento armado. Si aquí renunciaron al sendero democrático y lo remplazaron por la atrocidad, por qué hay que premiarlos con la elegibilidad!

Si se diera elegibilidad a cabecillas de Farc ¿qué se pensará sobre congresistas que han perdido la investidura y los derechos de elegibilidad, sobre paramilitares incursos en idénticas atrocidades que Farc, y sobre miles de colombianos encarcelados por delitos no necesariamente atroces, cuyos derechos de elegibilidad están anulados?

El alcance de la tregua

La seguridad de los colombianos no parece depender hoy del Gobierno sino del alcance de la tregua guerrillera. Vivimos un peligroso momento de reducción de la violencia más aparente y de incremento real de su potencial destructor. Los delitos más visibles como secuestros y asesinatos colectivos, destrucción de infraestructura y retenes ilegales han disminuido. Delitos menos visibles como el rearme, narcotráfico, extorsión y control territorial van en aumento. La ciudadanía, en muchas regiones, prefiere pagar extorsión y someterse a los dictados de los violentos porque no encuentra una política de seguridad en la cual se pueda confiar. En este incremento delictivo participan Farc, ELN y cantidad de bandas criminales.

La negociación de la paz no debería seguir el proceso de abandono de la seguridad y de desmotivación de las Fuerzas Armadas.

Seguiremos en la discusión del plebiscito y en la proposición de formas de refrendación realmente participativas. También en lo referente a la zona de concentración que permitiría con vigilancia asegurar que la violencia por fuera de esa zona no sería atribuible a Farc, y que difiere sustancialmente de las zonas de fractura de Colombia que propone la guerrilla.

Seguiremos en el examen de los acuerdos que se publiquen, no obstante que los colombianos estamos condenados a decir Sí a todo lo que dispongan el Gobierno y Farc, a riesgo de que nos condenen como amantes de la guerra.

Reiteramos los anteriores renglones porque creemos que la paz es un asunto de todos y no solamente del Gobierno y de Farc.

Nos llama la atención la permanente aparición en medios de comunicación de analistas internacionales que vienen a proponernos lo que ellos en sus países nunca aceptarían para el terrorismo.

No obstante nuestra condición política minoritaria continuaremos en la propuesta de un acuerdo nacional que proteja los valores democráticos en la búsqueda y firma de la paz.

Nos preocupa que por afán político se firme un Acuerdo de Justicia con ambigüedades y aplazamientos, que no obstante su efecto favorable al Gobierno, en el largo plazo solamente traería más dificultades.

Álvaro Uribe Vélez

Rionegro, Antioquia, 8 de diciembre de 2015